Política
Avanza reforma para crear registro de ofensores sexuales
La propuesta dictaminada crea una base de datos que, durante 50 años, recogerá incluso información genética de personas condenadas por delitos sexuales.
La Corte Plena acordó este lunes, por unanimidad, apoyar el criterio del magistrado Jorge Olaso de que el expediente 24.341 afecta el funcionamiento del Poder Judicial.
Se trata de un proyecto de ley presentado en 2024 por el liberal Eli Feinzaig, el cual pretende crear un banco de ADN de los privados de libertad que están hoy en el sistema penitenciario nacional.
A grandes rasgos, la propuesta establece que cuando un privado de libertad quiera acceder a un beneficio carcelario deberá someterse a un registro completo de su información biométrica y un perfil de ADN como requisito indispensable para solicitarlo, de manera que las autoridades tengan información actualizada de todas estas personas.
Sin embargo, Olaso advirtió que hay dos artículos de la propuesta que afectan el funcionamiento del Poder Judicial: el 7, cuando indica que el Organismo de Investigación Judicial será el encargado de analizar y custodiar las muestras de ADN; y el 9, que deja claro que todo esto correrá a cargo del presupuesto judicial.
“Me parece que con solo el hecho de que nos traslade esa función sí afectaría, pero lo que más nos afecta, nuevamente, es el tema del presupuesto. Esto evidentemente nos afecta, afecta el presupuesto del Poder Judicial”, recalcó el magistrado de la Sala Segunda.
El proyecto ya había sido votado en primer debate a inicios de febrero anterior, pero se retrotrajo, días después, precisamente por esa moción que modificó el artículo 9 para dejar claro que el financiamiento de la norma iría a cargo del Poder Judicial, de manera que se obligó al Congreso a hacer esta consulta obligatoria que los magistrados respondieron hoy.
“No es un costo grande, el laboratorio de ADN ya existe en el OIJ, tiene una capacidad sobrada, una capacidad subutilizada y lo único que habría que agregar son los rectivos necesarios para hacer esas pruebas de ADN, que son kits relativamente baratos y es algo que el OIJ puede manejar dentro de su presupuesto”, había dicho Eli Feinzaig antes de solicitar el voto para esa retrotracción.
El magistrado Gerardo Alfaro añadió este lunes, en medio de la discusión, que el proyecto también amenaza la "calidad y puridad" con la que las autoridades judiciales recogen y mantienen sus bancos de ADN.
"Nosotros seríamos los encargados no solo de procesar las muestras, sino de mantener el registro y actualizar esos registros, sin que en la ley se especifique quién va a tomar esas muestras en el centro penal ni las condiciones que se deben tener para tomar las muestras, con el perjuicio que esto tiene para el registro judicial que toma muestras con todo el rigor científico.
"Eso no está en el proyecto y eso va a afectar no solo presupuestariamente, sino también la calidad y puridad de un sistema que hemos vigilado con mucho cuidado en la policía científica", dijo.
Con la decisión de la Corte Plena, el proyecto necesitará ahora de al menos 38 diputados para convertirse en ley. El Plenario deberá conocer ese criterio de los magistrados antes de someter la propuesta a una nueva votación.