Congreso rechaza objeciones de constitucionalidad en dos vetos de Chaves

El Plenario Legislativo aprobó, este jueves, dos informes en los que se rechazan las objeciones de constitucionalidad con las que el Gobierno de Rodrigo Chaves justificó los vetos a los expedientes 22.817 y 23.192.

Se trata del cuestionado proyecto para permitir la pensión anticipada de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y también de la propuesta para obligar a las autoridades del Poder Ejecutivo a reglamentar las leyes en plazos definidos.

El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, justificó que las comisiones dictaminadoras ya subsanaron los problemas de procedimiento señalados y entonces solo restaba decidir sobre los supuestos vicios de constitucionalidad que alegó la administración Chaves-Robles.

Para esto, justificó Arias, se necesitaba rechazar esos alegatos en el Plenario y entonces enviar los informes a la Sala Constitucional, que en caso de avalar la postura de los diputados devolverá los expedientes para votar los eventuales resellos de ambas iniciativas.

El oficialismo, que intentó sin éxito apelar esa resolución, expresó su rechazo a ambos expedientes.

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“Es absurdo poder autorizar a los agentes del OIJ a esa pensión anticipada. ¿Cómo le decimos que no a la policía? ¿A los bomberos? ¿A los médicos o enfermeras que también arriesgan sus vidas?

“No hay claridad sobre cuántos funcionarios del OIJ se acogerían de inmediato a la pensión anticipada. ¿Qué pasaría si se jubilan 20 o 30 o 40 agentes del OIJ? El proyecto no tiene una sola propuesta sobre cómo se van a reemplazar estos agentes. No existe un solo estudio que justifique esto, es solo un capricho que propone el proyecto. Crea privilegios jubilatorios sin ninguna justificación técnica”, criticó la oficialista Pilar Cisneros.

La crítica del otro expediente recayó en el también oficialista Daniel Vargas, quien ofreció una larga lista de razones por las cuales el texto no debería convertirse en ley.

El proyecto, de la socialcristiana Daniela Rojas, establece un plazo máximo de seis meses para reglamentar las leyes ya aprobadas y define sanciones penales para los jerarcas que incumplan esa normativa.

En su defensa, Vargas cuestionó que el proyecto supondría una violación a la autonomía municipal, pues los gobiernos locales también reglamentan leyes, pero estos no fueron consultados en el expediente.

Por otro lado, aseguró que viola el principio de seguridad jurídica al no dar claridad sobre eventualidades como leyes que no necesitan reglamento o situaciones en las que un ministro renuncie y otro asuma cuando ya venció el plazo de reglamentación.

Pese a esos alegatos, el Plenario votó por mayoría a favor de ambos informes, de manera que ahora los textos viajarán a la Sala Constitucional en busca del visto favorable de los magistrados.

En caso de que la respuesta sea positiva, el Plenario entraría a votar los resellos.

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