La Asamblea Legislativa aprobó este jueves, en primer debate, el expediente 24.461, que actualiza el monto que las empresas de radio y televisión deberán pagar por el uso de las frecuencias del Estado.
Se trata de una reforma parcial a la Ley de Radio y a la Ley General de Telecomunicaciones que presentó en 2024 la administración del entonces presidente, Rodrigo Chaves.
Para esa actualización, la propuesta establece un cobro escalonado a partir de los ingresos brutos de cada concesionario en el año, es decir, cualquier ingreso que reciba sin descontar gastos.
En esa escala aprobada, las empresas que reporten recaudaciones de 130 salarios base, o menos, estarán exentas del impuesto. Ese salario base, de acuerdo con el proyecto, es actualmente de ₡470.401.
Para ponerlo en cifras, las empresas que en el año reporten ventas brutas por debajo de ₡61.152.130 (130 salarios) estarán exentas del pago.
Entre los ₡61.152.130 y los ₡101.606.616 (que equivalen a 216 salarios), se pagará un 1,51% sobre ese exceso en el caso de las radios y un 4,39% para las televisoras.
A partir de los ₡101.606.616 y hasta los ₡610.580.498, los concesionarios deberán pagar un 2,52%, en el caso de las radioemisoras, y 6,17% para la televisión.
Finalmente, cualquier monto sobre los ₡610.580.498 estará sujeto a un canon de 3,13% en radio y 7,73% en televisión.
La propuesta votada este jueves requirió de una amplia discusión en el Congreso, que arrancó en el pasado cuatrienio y terminó en el actual.
Esta mañana, en este primer debate, el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) volvió a defender la iniciativa como un tema de justicia y resaltó que, en ningún momento, se amenaza la independencia de los medios de comunicación que utilicen esas frecuencias.
"La libertad de prensa no está en discusión; los medios tienen todo el derecho de fiscalizar al Gobierno, a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial, pueden cuestionar a quienes ejercemos cargos públicos.
"Este proyecto no establece qué puede decir un medio; lo que sí establece es cuánto corresponde pagar por aprovechar y hacer uso de una frecuencia pública, que le pertenece a todos los costarricenses. Eso es más razonable que seguir aplicando, en 2026, reglas aprobadas en 1954", defendió la oficialista Nayuribe Guadamuz.
También fue defendida por casi toda la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), pues el único que votó en contra fue Salvador Padilla.
"Consideramos que este proyecto le conviene al país y conviene actualizar los cánones y las tarifas para que pueda haber una retribución correcta del uso de un recurso importante que el Estado costarricense tiene y que esa actualización sea compatible con ese ejercicio de la libertad de prensa y de los medios independientes. Que haya seguridad jurídica para todos los medios de comunicación", dijo Álvaro Ramírez.
Sin embargo, también hubo críticas.
La diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, confirmó que a última hora cambió de opinión y volvió a rechazar la iniciativa, como había sido su postura desde un inicio.
"Si voto a favor de esta ley estaría votando a favor de una ley que no creo que es la que Costa Rica necesita y merece, Costa Rica necesita una ley que tenga otras condiciones, que actualice la ley con ciencia y técnica, con base a estudios técnicos, que modernice el entendimiento que tiene Costa Rica de qué significa el aprovechamiento del espectro radioeléctrico y su importancia en el fortalecimiento democrático en el contexto que tenemos al día de hoy y que avoque por el pluralismo de voces en este contexto donde Costa Rica ha bajado los índices de libertad de expresión.
"Sé que mi voto en contra se utilizará para decir a medios específicos, cosa que es falsa, pero que es una buena narrativa para algunas personas. El canon se debe actualizar, es lo justo y lo que necesita Costa Rica, pero esa actualización debe responder a ciencia y técnica y debe responder a estudios técnicos que justifiquen ese porcentaje", justificó.
Tampoco fue respaldada por la congresista del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, abierta adversaria de la reforma por su forma, especialmente en la carencia de justificaciones técnicas sobre los porcentajes acordados, algo que diferentes voces han expresado.
"Estamos sometiendo a votación una ley con graves errores de fondo y cuyo espíritu no solo es confiscatorio, sino que, por el afán de atacar a unos actores, se está sacrificando no solo a medios pequeños, sino a una gran cantidad de costarricenses que hoy tienen en la televisión y la radio abiertas como medios principales de información y entretenimiento.
"Aquí no hay criterios técnicos, objetivos ni razonables y me parece un grave error fijar el canon sobre el ingreso bruto de los concesionarios. Paradójicamente, el gobierno costarricense está dispuesto a cobrar un canon mucho más bajo a una empresa extranjera para que venga a explotar el oro de los costarricenses, mientras que desde la oposición propusimos cánones mucho más altos que el Gobierno no ha querido aceptar, pero a medios costarricenses que cumplen una función social les quieren imponer cánones confiscatorios", aseveró.
La propuesta está prevista para votarse en segundo debate el próximo martes.