La exdiputada y asesora presidencial, Pilar Cisneros, rechazó este jueves los cargos que se le achacan en la investigación de las presuntas estructuras paralelas que financiaron la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) en 2022, que llevó a Rodrigo Chaves a la Presidencia de la República.
A la salida de su indagatoria (momento procesal en el que una persona es puesta en conocimiento de los hechos que se le atribuyen y la prueba que se tiene en su contra), la periodista de profesión negó que exista una sola evidencia que permita vincularla con un financiamiento irregular.
"Yo creo que la primera frase de mi declaratoria lo resume todo: rechazo categóricamente los hechos que se me imputan. Y yo creo que una de las cosas que me complace mucho es que el licenciado (José Francisco Madrigal) se leyó el legajo de más de 15.000 folios y no hay una sola prueba que me ligue con la supuesta estructura paralela. Ni una. En eso hemos basado la defensa", declaró la exlegisladora al dejar el edificio de la Fiscalía General, en San José.
Consultada sobre si los hechos que se le achacan giraban alrededor de si tuvo conocimiento de las aparentes estructuras paralelas o si impulsó acciones para crearlas, Cisneros aseguró que cualquiera de esas posibilidades era falsa y que no se habían logrado probar en la pesquisa.
Más bien, la consejera ad honorem de la presidenta Laura Fernández defendió que en el expediente existen informes del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que no la señalan entre los aparentes responsables de la constitución del fideicomiso Costa Rica Próspera o en el uso de la cuenta de una mujer de apellido Agüero, hija del exdiputado Waldo Agüero, para el pago de costos asociados a la campaña.
"El Tribunal nunca me vinculó. Eso para mí vale mucho. El Tribunal Supremo de Elecciones nunca vinculó a Pilar Cisneros con este caso. No aparezco en ninguno de los gráficos donde ellos dicen potenciales actores fulano o fulana. No está Pilar Cisneros. Cuando el expediente llega aquí, es donde aparezco yo", agregó la exdiputada.
En esa línea, su abogado, José Francisco Madrigal, defendió que existe documentación de que todos los aportes hechos por la comunicadora constan en la documentación de la Tesorería de Progreso Social Democrático, de manera que todas las contribuciones "fueron legales" y hechas a través de las estructuras formales de la agrupación que estuvo en el poder entre 2022 y 2026.
Ahora, el jurista apuntó que la investigación debe pasar a la vía ordinaria para continuar con su trámite, en el tanto que el 1.° de mayo pasado, Cisneros perdió el fuero de improcedibilidad penal (conocido como inmunidad) con el que gozaba como integrante de uno de los Supremos Poderes.
@telenoticiascr7 Cisneros al salir de Fiscalía: "No hay una sola prueba que me ligue con la estructura paralela". Más información en Teletica.com. 📲
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El caso del financiamiento presuntamente irregular de Progreso Social Democrático se tramitó en un principio bajo el expediente 22-000116-1218-PE.
La misma se sigue contra una serie de figuras políticas del movimiento encabezado por el expresidente y actual ministro, Rodrigo Chaves (2022-2026).
Entre estos destacan el exvicepresidente y diputado Stephan Brunner, el excanciller y actual representante de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arnoldo André. Pero también se tiene a los exlegisladores Pilar Cisneros, Paola Nájera (actual presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social - JPS), Waldo Agüero y Luz Mary Alpízar (quien poco después de iniciada la administración pasada se distanció de la misma).
"Cada palo que aguante su vela. Yo sé que yo no tuve nada que ver. Yo sé que en ese expediente no existe ninguna prueba en mi contra. Yo estoy ejerciendo mi defensa. Cada uno de los otros ejercerá su defensa con su abogado correspondiente. Yo no puedo responder a esa pregunta", dijo la periodista al ser cuestionada sobre si ella ponía las manos al fuego por el resto de los encartados.
La causa en cuestión fue acusada por el fiscal general Carlo Díaz el 23 de junio de 2025. En su gestión, planteada al inicio ante el Tribunal de Corte Plena (por la inmunidad con la que contaban los sospechosos), el jefe del Ministerio Público pidió que se levantara el fuero a los endilgados.
No obstante lo anterior, el expediente nunca pudo ser conocido dada la imposibilidad que tiene el órgano para integrarse por la falta de magistrados suplentes de la Sala Constitucional.