La Comisión de Asuntos Económicos dictaminó este martes, por mayoría, el expediente 24.658, que elimina la necesidad de una orden judicial para el levantamiento del secreto bancario.
La propuesta, presentada a finales de 2024 por la frenteamplista Sofía Guillén, elimina la necesidad de que un juez apruebe esa decisión en investigaciones vinculadas con narcotráfico o crimen organizado, lo mismo que en procesos por homicidio y sicariato.
El proyecto, que ahora iniciará su discusión final, reforma la Ley Contra la Delincuencia Organizada para precisamente agilizar los procesos judiciales.
De la misma forma, se obliga a las entidades financieras a brindar la información que soliciten las autoridades en un plazo no mayor a 10 días hábiles, cumpliendo los requisitos que establezca el Ministerio Público o el juzgado respectivo.
“Dichos requerimientos serán realizados por la Fiscalía General mediante resolución fundamentada, por ser información pertinente para efectos de la investigación y procedimientos judiciales de los casos de delitos de delincuencia organizada nacional y transnacional.
“El incumplimiento de estas condiciones dará a la persona afectada el derecho a recurrir la medida ante el juzgado correspondiente, pero bajo ninguna circunstancia suspenderá el acceso a la información”, precisa la reforma.
El texto fue dictaminado con el voto afirmativo de seis de los siete diputados presentes, el único que votó en contra fue el liberal Gilberto Campos.