Política
De Óscar Arias a Laura Fernández: la larga historia de la apertura eléctrica
Puede que parezca una discusión nueva, pero lo cierto es que la apertura del mercado eléctrico tiene décadas de dividir al país y enfrentar a sectores.
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Armonización eléctrica: la encrucijada que vuelve a dividir al país
El proyecto, que defiende la apertura total del mercado eléctrico nacional, divide opiniones entre quienes lo posicionan como una solución a futuro y los que insisten en que sería la condena de la electricidad pública.
POR Juan José Herrera | 5 de junio de 2026, 19:00 PM
El proyecto de armonización eléctrica nació en el gobierno de Rodrigo Chaves y ahora se posiciona como una prioridad en la administración de Laura Fernández.
La iniciativa pretende transformar por completo el modelo eléctrico costarricense.
Para lograrlo, defiende romper el monopolio eléctrico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y abrir el mercado a nuevos actores públicos, privados y mixtos, tanto en la generación como en la venta de electricidad.
Según el Gobierno, el objetivo es modernizar el sistema bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad y, de paso, garantizar energía de calidad al menor costo posible.
De aprobarse, el ICE dejaría de ser la institución que controla y maneja el mercado eléctrico nacional y pasaría a competir como un actor más, aunque seguiría siendo el principal generador eléctrico del país.
El proyecto crea además el llamado Mercado Eléctrico Nacional, un espacio donde distintos operadores podrán comprar y vender energía. Ese mercado estaría dividido en dos áreas: el Mercado Eléctrico Mayorista, para contratos de corto y largo plazo, y el Mercado de Ocasión Nacional, donde las transacciones se harían diariamente según la oferta y demanda.
La administración de todo ese sistema quedaría en manos de un nuevo ente denominado Ecosen, que asumiría funciones actualmente ejercidas por el ICE, pero bajo la rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la supervisión de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
El problema, según quienes adversan la iniciativa, es que el proyecto no es claro en cómo lograría tarifas más bajas a las que actualmente ya ofrece el ICE, ni tampoco en cómo evitaría que los nuevos actores puedan ejercer prácticas ilegales como negociar tarifas en detrimento de un competidor o de los propios usuarios.
La propuesta, que ya se aprobó en primer debate, necesita de al menos 38 votos para convertirse en ley.