POR Juan José Herrera | 1 de julio de 2021, 16:09 PM

Los diputados aprobaron este jueves en segundo debate el expediente 22.557, que amplía en 36 meses la protección de los ocupantes de zonas clasificadas como especiales.

Los legisladores habían señalado la urgencia por aprobar este proyecto ante el vencimiento del plazo que existía para desalojar a unas 3 mil familias que actualmente habitan en esas tierras en medio de la crisis provocada por los efectos de la pandemia del COVID-19.

El desalojo previsto para este mes de julio y la demolición de las obras construidas en estas zonas quedará entonces suspendido para los ocupantes de la zona marítima terrestre, la zona fronteriza y los terrenos patrimonio natural del Estado.

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Según la iniciativa, durante la vigencia de la moratoria el Estado no deberá permitir que se den nuevas ocupaciones en dichas zonas; además, se autoriza a las municipalidades para que apliquen la moratoria y se establece que en estos 36 meses el Estado deberá tomar las medidas óptimas para el ordenamiento de esas zonas.

Esta tarde también fue aprobado en primer debate el expediente 20.858 que contiene una reforma al Código Procesal Penal.

El cambio es únicamente del artículo 181 sobre la legalidad de la prueba, que establece ahora que los elementos de prueba solo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos.

“No podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni información obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas”, reza la reforma.