Alcaldesa ante reasignación de carros decomisados: "Se desviste la seguridad del cantón"

El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) retiró cuatro carros, cuatro televisores y dos drones que había prestado cuatro años atrás a la Policía Municipal de Puriscal para reasignarlos a la lucha contra el crimen organizado.

Con esta decisión, el cuerpo policial dice ahora correr el riesgo de quedar paralizado, pues no cuenta con ninguna otra unidad, según advirtió la alcaldesa de ese cantón, Iris Arroyo, en una entrevista con Teletica.com.

Mediante acuerdo tomado el 9 de setiembre pasado, el Consejo Directivo del órgano encargado de implementar las políticas para la prevención del consumo de drogas y su tráfico ilícito dispuso la devolución de un Toyota Land Cruiser 2009, un Toyota Fortuner, un Nissan Frontier, un Ford Ranger y un cuadraciclo Can Am Maverick X3, que le habían sido entregados al gobierno local. También se solicitó el retorno de dos aires acondicionados, una torre de sonido, cuatro televisores, dos drones y una máquina de soldar.

Lo anterior, como parte de la instrucción girada por la presidenta Laura Fernández, para que se levantara un inventario sobre los bienes decomisados al narcotráfico que habían sido entregados a otras instituciones, valorar la pertinencia de esas asignaciones y determinar si los activos podían ser aprovechados en el combate de la delincuencia.

¿Pero qué impacto tiene esto para Puriscal?

"Si se quita a la Policía Municipal, se desviste la seguridad del cantón para pasar la seguridad a otras organizaciones que probablemente hasta presupuesto decidido por ellos pueden asignar. Nosotros no recibimos partidas, no recibimos ningún tipo de fuente de financiamiento del Gobierno. Las municipalidades buscamos los recursos de todas formas para poder financiar este tipo de proyectos.

"No es propio de las municipalidades; la ley no nos exige tener policías municipales, pero conscientes de que es un tema urgente del país, de fortalecer, es que nos hemos tratado de socar la faja para poder incidir en esta materia y, lamentablemente, este que era el único apoyo que teníamos del gobierno para poder salir adelante con el tema de seguridad, están ahorita quitándonoslo", respondió la gobernante local.

La alcaldesa señaló que guarda esperanza de que la decisión, celebrada el miércoles por la mandataria en su conferencia de prensa semanal, haya sido tomada por falta de información sobre el uso que se le da a los automóviles, que deben ser regresados el próximo 23 de setiembre. En esa línea resaltó que los carros no son utilizados para sus traslados, sino para labores propias de la Policía Municipal.

Arroyo envió un oficio a Fernández luego de escuchar sus declaraciones en la rueda de medios, pidiéndole reconsiderar lo acordado por el Instituto sobre Drogas. Sobre el documento, este medio mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de Casa Presidencial.

"Un vehículo, estamos hablando de que los mínimos son ₡20, ₡25 millones. Cuatro vehículos es un dinero imposible de tener nosotros a la mano. Nos costaría años poder recuperar esta gran herramienta.

"El problema es que ahorita quedamos con las manos levantadas sin poder hacer mayor apoyo ni al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ni a la Fuerza Pública, ni a operativos, ni al Ministerio de Educación Pública (MEP), que nos ha estado tratando también de acercar a todos los centros educativos. Ni siquiera con el tema de programas preventivos que ha estado con adultos mayores, mujeres, jóvenes, niños, patrulla infantil... todos los programas que hemos estado fortaleciendo durante estos años se caen porque sin transporte no podemos estar trabajando de la manera en la que veníamos trabajando", añadió la gobernante local.

El municipio puriscaleño impugnó lo acordado por el Instituto sobre Drogas, pero su recurso de nulidad y las medidas cautelares fueron rechazados, como informó en la conferencia de prensa la viceministra de Asuntos Administrativos y Gestión Territorial, Charlyn Sánchez, en su condición de presidenta del Consejo Directivo, del cual forma parte como delegada del Ministerio de la Presidencia.

Ahora, Arroyo aseguró que esperará por la respuesta que Fernández dé a su oficio, antes de valorar la interposición de una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, pues sostiene que el ayuntamiento nunca incumplió ninguna de las causales para una ruptura del convenio suscrito en la administración de Carlos Alvarado (2018-2022).

Específicamente, el Consejo Directivo argumentó la prevalencia del interés público, aunque la alcaldesa cuestionó lo alegado, al afirmar que existen "cientos de vehículos" más en bodegas del Instituto sobre Drogas que pueden ser entregados a los cuerpos policiales que lo requieran.

Lea también