El proyecto de ley que propone eliminar la colegiatura obligatoria para todos los profesionales —con algunas excepciones— es ahora objeto de un análisis sobre su constitucionalidad (ver video adjunto).
Lo anterior, como parte de la revisión que harán 17 colegios profesionales en mesas de trabajo anunciadas la tarde de este miércoles en una conferencia de prensa que llega cinco días después de que Teletica.com diera a conocer el contenido del expediente 25.747, en el que la Asamblea Legislativa tramita una iniciativa de la diputada Marta Esquivel.
"Sobre el tema de la constitucionalidad, es un tema que estamos analizando y estamos implementando mesas de trabajo para analizar el punto, pero pensamos que eventualmente podría tener algunos vicios de constitucionalidad, pero es un tema que no hemos definido todavía", expuso el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Arias.
A su vez, el jurista evitó precisar si, desde su perspectiva, la eventual aprobación de la iniciativa requerirá o no de 38 votos, una mayoría que el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) —al que pertenece Esquivel— no tiene en el Congreso.
En ese sentido, Arias señaló que el texto eventualmente tendrá que enviarse a consulta a diferentes instituciones, como la Corte Suprema de Justicia, la cual deberá analizar si el proyecto afecta o no su funcionamiento.
De ser el caso, entonces la mayoría necesaria para la aprobación de la propuesta subirá de 29 a 38 votos.
En la conferencia, el presidente del Colegio de Abogados enfatizó que la iniciativa representa un riesgo de impacto "altísimo", pues ningún ciudadano tendrá seguridad de que el profesional que contrate para un servicio determinado cumpla con la idoneidad y responsabilidad necesarias.
La presidenta de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios (Fecoprou), Anny Chaves Quirós, explicó que parte del objetivo de los talleres periódicos de los gremios está dirigido a la defensa de la institucionalidad que permita que cada una de las actividades que requieren los ciudadanos de los profesionales cumpla con estándares de calidad.
En esa línea, la vocera rechazó que se pretenda "dejar a la libre de la oferta y la demanda" lo que influya en la selección de los profesionales que brindan servicios, pues, en su criterio, lo que debe privar es la calidad, la seguridad de las personas y la protección de la vida de estas.
La citada iniciativa establece en su artículo 3 un carácter voluntario para la incorporación a colegios profesionales, tanto para el sector público como para el privado.
Sin embargo, exceptúa de esa posibilidad aquellos casos en que el ejercicio de la profesión, por su naturaleza, "pueda generar una afectación directa y grave a la vida, la salud, la integridad física, la seguridad estructural, la fe pública, la defensa técnica en sede jurisdiccional o los derechos de terceros". De seguido, el numeral puntualiza como parte de esas excepciones:
No obstante lo anterior, de esas profesiones también quedan por fuera quienes ejerzan como funcionarios públicos.
Para ese tipo de empleado —explicó la proponente— se tiene que la potestad disciplinaria corresponde a la institución para la cual laboran, por lo cual estos responden a una normativa interna, deberes de ética, probidad y a la Ley General de Administración Pública.