Chaves veta ley para uso de vías públicas terrestres en eventos deportivos

El presidente Rodrigo Chaves vetó, este martes, por razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad la ley que habilita el uso de vías públicas terrestres para la realización de eventos deportivos.

"Siendo que existen razones de oportunidad o conveniencia en línea con los principios de la ciencia, la técnica y la seguridad vial -éste último que contempla valores protegidos constitucionalmente como la integridad personal y la vida-, así como de inconstitucionalidad por la protección de los bienes de naturaleza demanial que respaldan la decisión del Poder Ejecutivo, se devuelve sin sanción el Decreto Legislativo No.10868 antes citado", cita el texto que envió el mandatario al directorio legislativo.

El proyecto de ley “Reforma de los artículos 2, 7 y 16 de la Ley para Regular los Eventos Deportivos en Vías Públicas Terrestres” había sido aprobado en Segundo Debate por el Plenario Legislativo con 40 votos a favor y 0 en contra, el pasado 13 de febrero.

"Se aprobó el proyecto que agiliza los trámites, que quita la burocracia, pero también que elimina los cobros y que va a organizarse de tal manera que no haya duplicidad de eventos con un calendario anual en las diferentes comunidades", comentó, en esa oportunidad, la diputada Rosaura Méndez, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien fue la propulsora.

Ahora, las organizaciones deportivas, que cuenten con la “Declaratoria de Utilidad Pública”, verán reducida la tramitología a la hora de hacer sus eventos en vías públicas terrestres.

También según Méndez, este proyecto organizaba mejor la coordinación institucional entre Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Seguridad Pública y las Policías Municipales para que sea más eficaz para la realización de estas actividades deportivas.

Asimismo, elimina el cobro por costo operativo de la Policía de Tránsito y se establece un calendario anual que será remitido en la segunda quincena del mes de febrero de cada año a la Dirección General de la Policía de Tránsito.