La Universidad de Costa Rica (UCR) presentó un recurso de revisión contra el acuerdo de distribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2026, tomado el jueves anterior por mayoría en el Consejo Nacional de Rectores (Conare).
En la gestión, a la que Teletica.com tuvo acceso, el rector de esa casa de enseñanza, Carlos Araya, pide se anule tal determinación y que se vuelva a discutir y, eventualmente, votar el pacto.
Para el académico, un acuerdo de esa naturaleza únicamente debe aprobarse por consenso. En el caso de la decisión derivada de la sesión 49-2025, la misma contó con el voto en contra del propio Araya, quien considera la repartición como perjudicial para su casa de enseñanza.
"En la discusión y aprobación del acuerdo adoptado en la sesión de la comisión, llevada a cabo el día 28 de agosto de 2025, predomina un vicio severo, de nulidad absoluta, que invalida, in toto, lo acordado; pues, se empleó un sistema de votación que, por un lado, no solo rompe la suerte de continuidad que se ha sobrellevado a lo interno de Consejo Nacional de Rectores –qué decir ya en lo que respecta al funcionamiento de las comisiones de trabajo–, sino que desconoce el modo de resolver los asuntos entre cada una de las partes del Sistema.
"El consenso, al momento de votar acuerdos, siempre ha sido el mecanismo que, se quiera o no, de una u otra forma, prima en el ser (y en el coexistir) universitario.
"Nunca la imposición de posturas ha sido el camino. Este otro mecanismo, a contrario del consenso, tiene la desvirtud o el vicio de permitir que, una mayoría en bloque, no casada con las ideas de alguna de las partes, pueda –en detrimento de los intereses de alguna– incidir en la decisión que solo compete a esta última fijar según su mayor interés y conveniencia institucional", argumenta el recurso planteado por el rector.
Pero el académico además apuntó que los Lineamientos y procedimientos generales de la coordinación y articulación interuniversitaria, recogen —en el apartado de funcionamiento de las comisiones— el principio de consenso y determinan que es jurídicamente imposible “afectar, menoscabar, limitar o condicionar la independencia que posee cada una de las instituciones de educación superior universitaria estatal mediante votaciones por simple mayoría de las demás”.
De igual forma, se menciona que el artículo 23 del Reglamento orgánico del Consejo Nacional de Rectores y de la Oficina de Planificación de la Educación Superior de la Educación Superior, establece que los acuerdos de ese órgano se tomarán por mayoría de al menos tres de sus integrantes, “salvo para los asuntos y materias relacionadas con la coordinación interuniversitaria, o que afecte o llegare a afectar a la totalidad de las instituciones de educación superior universitaria estatal, para los que se requerirá votación unánime”.
Araya además apuntó que “nada, ni nadie, así sean los mismos miembros del Consejo Nacional de Rectores, puede —por resultar inconstitucional— valerse de la virtualidad de un sistema de votación para disponer del patrimonio ajeno de alguna o de varias universidades sin el debido consenso, buena fe y factibilidad técnica comprobada”.
En esa línea, recordó que él firmó el acuerdo de negociación que busca avanzar hacia una distribución más equitativa del Fondo Especial, pero enfatizó en que “de manera desproporcionada”, la institución que representa recibirá “un aumento insuficiente” que la deja sin un “margen real de maniobra”.
La casa de enseñanza estimó que el año entrante tendrá un incremento real de ¢1.077 millones, cuando históricamente le ha correspondido uno de ¢2.846 millones.
Precisamente, ese es uno de los alegatos que la Universidad de Costa Rica incluyó en un comunicado divulgado el pasado jueves, cuando informaron su oposición al ajuste acordado por el Consejo de Rectores.