Política
Fiscal acude a Sala IV por decisión de Justicia de romper convenio para audiencias virtuales
La gestión de Carlo Díaz se mantiene bajo estudio de admisibilidad de los magistrados.
Nacional
Tras recurso de fiscal en Sala IV, ministro defiende fin de audiencias virtuales en cárceles
Gabriel Aguilar sostiene que la decisión de dar por finalizado el acuerdo para la celebración de vistas virtuales con privados de libertad responde a criterios de seguridad penitenciaria.
POR Paulo Villalobos | 11 de agosto de 2026, 12:02 PM
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, rechazó que la ruptura del convenio con el Poder Judicial para la celebración de audiencias virtuales limite de forma alguna los derechos de los privados de libertad.
Mediante un comunicado emitido la mañana de este lunes, el jerarca salió en defensa de la decisión y aseguró que esta responde exclusivamente a criterios de seguridad penitenciaria y de optimización de recursos policiales.
Su reacción se produce un día después de que Teletica.com revelara un amparo formulado por el fiscal general Carlo Díaz contra la determinación de la cartera, que se encuentra bajo estudio de admisibilidad de la Sala Constitucional.
"El Ministerio de Justicia y Paz actuó plenamente dentro del marco jurídico al dar por finalizado el convenio con el Poder Judicial que regulaba la realización de audiencias virtuales entre ambas instituciones. Ese convenio establecía expresamente que cualquiera de las partes podía darlo por finalizado cuando así lo estimara conveniente", subrayó Aguilar.
Para el ministro, Costa Rica enfrenta un "escenario distinto" con privados de libertad "de altísima peligrosidad", lo que refuerza la necesidad de contar con la mayor seguridad posible a lo interno de los centros penales del país.
En esa línea, el jerarca destacó que es prioritario que la Policía Penitenciaria concentre sus esfuerzos en las labores para las que fue creada. Esto incluye el reforzamiento de la vigilancia, los fortines, las pasarelas y los controles internos de las prisiones.
Lo anterior, a pesar de que la legislación vigente asigna al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la responsabilidad de efectuar los traslados de los reclusos hacia los despachos judiciales y su posterior retorno a las cárceles.
Aguilar recordó que el propio Ministerio Público ha señalado que la presencialidad constituye la regla y que la virtualidad representa una excepción. Solo durante 2025 se realizaron aproximadamente 2.800 audiencias virtuales, mientras que la Policía Judicial ejecutó alrededor de 23.400 traslados de privados de libertad hacia los tribunales de justicia.
De esos datos, el ministro concluyó que la evidencia muestra que el sistema judicial opera, en su mayoría, a través de la presencialidad.
"La terminación del convenio no limita el acceso a la justicia, ni afecta los derechos de los privados de libertad", indicó el jerarca.
Precisamente, esos son los argumentos con los cuales Díaz fundamentó su recurso ante el Alto Tribunal, presentado apenas cuatro días después de que se diera por finalizado el convenio de virtualidad.
Aguilar sostuvo que su decisión es de índole administrativa y que se adoptó dentro de las facultades legales que tiene el ministerio que dirige, con el objetivo de atender las "actuales necesidades de seguridad" del sistema penitenciario.