Tras "decisiones sin sustento", urgen reforma del Consejo Superior de Educación

Recientes decisiones tomadas sin el debido respaldo técnico o procesos de evaluación, provocaron que dos programas estratégicos para el sistema de educativo fueran descontinuados.

Se trata de la eliminación del Programa Nacional de Informática Educativa, así como el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral.

Tales determinaciones fueron tomadas por el Consejo Superior de Educación (CSE), entre abril de 2023 y enero de 2025.

Esta situación motivó que el Estado de la Educación plantara en su más reciente edición la urgencia de reformar dicho órgano.

"Nosotros señalamos que a nivel de gobernanza es muy relevante a nivel de la rectoría del sistema dotarlo (al Consejo) de herramientas para que tenga mayor independencia y mayor músculo para que pueda ejercer un liderazgo de tipo estratégico, y no tanto en este rol de trámite que a veces tiene, de aprobación de de oferta para universitaria. Entonces a veces se les va en gran parte de su tiempo en aspectos no tan estratégicos para el sistema educativo.

"De ahí que el problema que nosotros estamos identificando es que ese consejo no tiene una capacidad plena para ejercer esa rectoría del sistema y eso lo decimos, en primer lugar, por el conjunto de limitantes que tiene", explicó a Teletica.com el investigador Dagoberto Murillo.

En esa línea, el informe identificó que el reglamento del Consejo Superior de Educación está desactualizado y lo limita a roles que son estrictamente administrativos. Tampoco queda claro cuál es la posición de ese órgano en el organigrama del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Todo ello ocurre a pesar de que el artículo 81 de la Constitución Política le encomienda a esa instancia la "dirección general de la enseñanza oficial", lo que implica, por ejemplo, la aprobación de políticas que la cartera luego debe aplicar.

El experto ahondó en que, si se analiza el perfil del equipo de apoyo técnico del Consejo Superior, se determina un predominio de puestos administrativos, lo que hace que el personal que debe asistir en la visión estratégica sea escaso.

"Otro tema tiene que ver como con esa autonomía. Ya hablábamos que es un ente que, por ejemplo, no tiene autonomía en lo presupuestario, aunque ya desde hace varios años se aprobó en la misma legislación que ellos tuvieran como personalidad jurídica para poder administrar fondos. Sin embargo la asignación presupuestaria depende del Ministerio de Educación y lo que dice la investigación de base es que se supone que usted tiene al Consejo Superior en la parte alta del sistema, pero un ente subordinado es quien le aprueba el presupuesto, es quien le contrata el personal. Entonces eso le limita, te resta capacidad y autonomía", añadió.

Pero esta instancia además carece de infraestructura propia.

Es de ahí que el Estado de la Educación plantea revisar la composición del Consejo Superior y robustecer sus funciones, para asegurar su idoneidad técnica, dotarlo de independencia en la elección de sus miembros, al tiempo que se le encomiendan mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Para ello, el informe propone modernizar su gestión y su marco regulatorio, concederle presupuesto propio, así como acompañarlo con un equipo técnico permanente.

De esta forma se pretende que el órgano cumpla un rol en el que la política educativa no esté sujeta al gobierno de turno, como sucede en la actualidad, en el que una administración llega y con absoluta facilidad puede disponer un "borrón y cuenta nueva".

Controvertidas decisiones

La eliminación del Programa Nacional de Informática Educativa, así como del Programa de Afectividad y Sexualidad Integral, por un lado, profundizó la crisis en inclusión digital, mientras que, por el otro, constituyó una vulneración del principio de progresividad en materia de derechos humanos, según el informe.

De acuerdo con el Estado de la Educación, en ambos casos, la interrupción de esas iniciativas careció de criterio técnico robusto, de la participación de instancias especializadas y de una evaluación de impactos.

Además, ello provocó tensión con los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos, equidad y desarrollo sostenible.

La no renovación del convenio con la Fundación Omar Dengo (FOD), vigente desde 1988, dejó al sistema educativo sin una alternativa institucional de igual alcance, sin capacidad operativa para asegurar la continuidad en la provisión de recursos tecnológicos, sin formación docente y sin acompañamiento pedagógico, concluye el informe.

Tal desmantelamiento se ejecutó sin una evaluación previa ni un plan de transición ordenada.

De hecho, el informe puntualiza que, pese a la implementación del Programa Nacional de Formación Tecnológica no se han logrado garantizar las condiciones requeridas para su sostenibilidad como la provisión de dispositivos, conectividad, materiales, formación o acompañamiento docente.

Por otra parte, al eliminarse el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral, se dio un retroceso en el desarrollo curricular y el abandono del enfoque que articulaba dimensiones biológicas, afectivas, sociales y éticas de la sexualidad, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La decisión se adoptó sin la participación de las instancias técnicas del Ministerio de Educación encargadas del diseño curricular, la Unidad de Género, expertos en temas de sexualidad de los distintos colegios profesionales, u organizaciones especializadas en niñez y adolescencia.

Por su parte, el nuevo Programa de Educación para la Paz y la Convivencia no representa una sustitución equivalente, pues la educación sexual aparece mencionada de forma marginal dentro de un área transversal, sin desarrollo temático ni progresión curricular. De los 85 contenidos, apenas dos se relacionan con la temática.

Eso evidencia, de acuerdo con el informe, una reducción sustantiva del tratamiento del tema y un retroceso en su abordaje pedagógico.

Respecto a estas determinaciones, este medio procuró una posición de la cartera, pero al cierre de esta publicación, la misma se mantenía en trámite.

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