POR | 26 de agosto de 2026, 19:37 PM

Ante las declaraciones ofrecidas por la señora Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, sobre la posición expresada por Televisora de Costa Rica respecto del Proyecto de Ley N.° 24.461, Teletica considera necesario precisar, con responsabilidad y contundencia, los fundamentos técnicos de su preocupación.

El debate no es si se debe pagar, sino cuánto y con qué fundamento. “Reiteramos una vez más que Televisora de Costa Rica no cuestiona que el Estado cobre por el uso de un recurso público. Por el contrario, siempre ha manifestado su disposición a que se actualice el canon que pagan los concesionarios de frecuencias de radio y televisión”, afirmó Román Fallas, abogado de la televisora.

La discusión de fondo es otra: ¿cuál es el fundamento técnico, económico y regulatorio que demuestra que una carga de hasta 7,73% sobre los ingresos brutos de la televisión abierta es razonable, proporcional y sostenible? Hasta ahora, esa pregunta no ha sido respondida.

No basta con afirmar que se trata de una tarifa escalonada o que quienes generan mayores ingresos pagan más. Una tarifa progresiva no es necesariamente proporcional. Puede existir una escala progresiva y, al mismo tiempo, una carga excesiva o económicamente insostenible.

Lo que TVCR solicita es que los porcentajes establecidos tengan un fundamento técnico verificable y que se demuestre que la carga resultante es compatible con la continuidad de la televisión abierta.

Ingresos brutos no son utilidades

Existe una diferencia económica fundamental que no puede ignorarse: los ingresos brutos no representan la capacidad de pago de una empresa. Facturar ₡100 no significa disponer de ₡100.

Un ejemplo sencillo permite entenderlo: una empresa puede generar ₡100 de ingresos y tener ₡95 de costos asociados a producir, operar y distribuir su servicio. Sus ingresos brutos son ₡100, pero su margen antes de otros costos es de apenas ₡5. Si sobre esos ₡100 se establece un cobro de 7,73%, el Estado estaría recibiendo ₡7,73, aun cuando el margen disponible antes de otros costos sea de solo ₡5.

 Por eso, un porcentaje sobre ingresos brutos no puede equipararse a un porcentaje sobre utilidades ni asumirse automáticamente como una medida de capacidad de pago. La pregunta que corresponde formular es, entonces: ¿por qué los ingresos brutos son la métrica adecuada para determinar el valor del canon?

Si el objetivo es cobrar por el valor económico del uso del espectro, la metodología debería considerar: el valor económico de la frecuencia, sus características, cobertura, condiciones de utilización, estructura de costos y sostenibilidad del servicio, entre otros rubros.

No se trata de solicitar un trato preferencial para Teletica. Se trata de exigir que una política pública de esta magnitud esté respaldada por criterios técnicos, objetivos, razonables y proporcionales.

 Defender la sostenibilidad de una empresa no invalida el argumento

Se ha planteado que TVCR está defendiendo sus propios intereses económicos. Por supuesto que una empresa privada debe proteger la sostenibilidad de su operación, sus inversiones y sus colaboradores. Pero que Teletica tenga un legítimo interés económico no convierte en incorrectos los argumentos que plantea.

La discusión debe resolverse con datos y evidencia, no descalificando a quien advierte sobre las consecuencias económicas de una política pública.

La pregunta relevante no es si TVCR quiere pagar menos. La pregunta es si el Estado puede demostrar técnicamente que la carga propuesta es razonable, proporcional y sostenible, y que no terminará reduciendo la oferta de televisión abierta disponible para los costarricenses.

La televisión abierta cumple una función social

La televisión abierta se diferencia de otros servicios audiovisuales porque el ciudadano puede acceder a ella gratuitamente y sin contratar una suscripción.

En Costa Rica persiste una brecha digital y económica. No todas las personas tienen las mismas posibilidades de contratar internet de alta velocidad, televisión por suscripción o acceder permanentemente a plataformas digitales. 

La existencia de internet no elimina el valor de la televisión abierta. Para miles de costarricenses, una señal abierta continúa siendo una vía gratuita de acceso a noticias, información, deportes y entretenimiento.

Por tanto, si una política pública hace económicamente inviable este modelo, sus consecuencias no recaen únicamente sobre una empresa: también pueden recaer sobre los ciudadanos que dependen de esta opción gratuita de acceso. 

El carácter público del espectro no elimina la obligación del Estado de actuar con proporcionalidad.

Teletica reconoce que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público y que corresponde al Estado regular su utilización. Sin embargo, esa potestad no significa que pueda establecerse cualquier carga económica sin una justificación técnica suficiente.

Precisamente porque se trata de una decisión estatal que puede afectar un servicio de alcance nacional, el establecimiento del canon debe observar criterios de razonabilidad, proporcionalidad, eficiencia y sostenibilidad.

Una discusión que Costa Rica merece

Teletica no busca convertir este tema en una confrontación política. Busca que una reforma de esta trascendencia sea discutida con seriedad, transparencia y responsabilidad.

Por eso, reiteramos:

  • No estamos pidiendo que no se cobre el canon. Estamos pidiendo que se cobre un canon técnicamente sustentado, proporcional y razonable. ​
  • No estamos cuestionando que el espectro sea un recurso público. Cuestionamos que se imponga una carga extraordinaria sin demostrar técnicamente por qué ese nivel de cobro es adecuado y sostenible.
  • No estamos pidiendo un privilegio para Teletica. Estamos pidiendo que las reglas se fundamenten en evidencia y criterios económicos verificables.

    TVCR mantiene su disposición a participar en una discusión técnica y constructiva con las autoridades, la Asamblea Legislativa, los sectores involucrados y la sociedad costarricense. Este debate no debe resolverse por quién tiene mayor capacidad para imponer una posición. Debe resolverse con datos, evidencia y en función del interés público.

    Televisora de Costa Rica reitera su compromiso con Costa Rica, con sus colaboradores, con su audiencia y con la televisión abierta que ha brindado al país durante los últimos 66 años.