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Rifas de carros y motos inundan redes sociales: ¿Pueden las autoridades decomisar premios?
La Junta de Protección Social confirmó que ya abrió investigaciones de oficio contra varios de estos perfiles.
En las últimas semanas, un creciente número de perfiles de Instagram y Facebook ofrecen la posibilidad de ganarse vehículos y motocicletas de lujo con una inversión de entre ₡4.000 y ₡10.000.
Una página, por ejemplo, ofrece un BMW a ₡5.000 el número; otra promete un pick-up Toyota, un deportivo y una motocicleta a ₡10.000.
Se trata de páginas dedicadas a las rifas de vehículos de reconocidas marcas que ofrecen, por esas módicas sumas, la posibilidad de ganarse esos premios, incluso con el traspaso incluido.
Las rifas se realizan con los sorteos de la Lotería Nacional y se venden un total de 10 mil números, de manera que las ganancias para sus encargados pueden llegar hasta los ₡100 millones. Sin embargo, muchos de estos perfiles operan en la ilegalidad.
En Costa Rica, por ley, la organización y comercialización de rifas, loterías y demás juegos de azar son una competencia exclusiva de la Junta de Protección Social (JPS), de manera que cualquiera de estos juegos debe tener una autorización expresa y formal de la JPS para realizarse.
Tras una consulta de Teletica.com, la Junta confirmó que abrió, de oficio, una investigación contra varios de estos perfiles para determinar su legalidad y aplicar, de ser necesario, las medidas que la ley le da.
“Efectivamente, la Junta de Protección Social ha identificado algunos casos que se salen de lo establecido, que no cuentan con una autorización institucional para tales efectos, y ha tomado las medidas administrativas para realizar las investigaciones, y de conformidad con esas investigaciones, pues tomará las acciones judiciales que correspondan”, confirmó Ana Marcela Sánchez, jefa de la Asesoría Jurídica de la JPS.
Sánchez aseguró que, por estar en una etapa inicial, no puede revelar ni la cantidad de perfiles investigados ni tampoco cuáles son, pero aseguró que son varias páginas.
“Hemos identificado la presunción de actividades anómalas en este tipo de redes sociales; efectivamente, estamos iniciando investigaciones. No podemos ahondar más allá para proteger esa investigación, pero efectivamente tomaremos las acciones que correspondan”, añadió.
En caso de ser denunciados, y eventualmente declarados culpables, los organizadores de estas rifas se exponen a penas de entre 2 y 3 meses de prisión o multas que serían definidas en la vía penal.
¿Qué pasa con los premios?
Otra inquietud importante con este tipo de sorteos es: ¿qué pasa con los premios que una persona gane producto de una actividad que sea declarada ilegal?
Para Róger Guevara, abogado experto en materia penal, estos premios no serían ilegales, pero eso no significa que las autoridades no puedan perseguirlos.
“Desde un punto de vista jurídico, no (se pueden confiscar estos premios), porque el premio en sí no es ilícito, sino la actividad ilegal que están gestionando las personas que realicen rifas sin autorización previa de la JPS.
“Lo que sí podía darse es que puede existir un incremento patrimonial injustificado para la persona. Pongo un ejemplo: si se rifó un vehículo y yo me lo gané, en mi situación patrimonial se está acrecentando en el valor de ese vehículo y no tengo una forma lícita de justificar su procedencia, entonces Tributación sí tendría todas las herramientas para venir a cobrar los impuestos en relación con eso”, precisó.
Esa misma lógica también aplicaría para las personas que, a través de estas rifas, estén recibiendo un incremento patrimonial que luego no podrán justificar.
“Recordemos que estos juegos de azar son juegos basados en perdedores: tiene que perder un montón de gente para que gane una y, por supuesto, esto es una actividad en la que gana el que realiza esa actividad.
“Pero es la misma lógica, cualquier incremento que tengan esas personas podría perfectamente considerarse un tema de incremento patrimonial injustificado”, añadió.
Guevara incluso aseguró que conoce de casos en los que, por el monto de esos incrementos, se ha aplicado la legislación de capitales emergentes.
