7 Días
En los zapatos de un notificador
Los notificadores tienen una labor vital en la administración de justicia, pero en su trabajo enfrentan todo tipo de riesgos.
Nacional
Recorte al Poder Judicial amenaza proceso de notificación en casos penales
El recorte elimina el correo electrónico institucional, medio usado para las citaciones. En una década, el personal destinado a la tarea disminuyó casi un 50% por el cambio tecnológico.
POR Gabriel Pacheco | 11 de octubre de 2026, 15:30 PM
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, advirtió que el recorte presupuestario al Poder Judicial que impulsa el Ministerio de Hacienda amenaza la capacidad de la institución para notificar a las personas dentro de los procesos judiciales.
“Si no contamos con correos electrónicos, cualquier citación que ahora es a través de correo electrónico ya no se va a poder realizar de esa manera”, explicó Díaz en entrevista con el programa 7 Días.
Según explicó el jerarca, si pierde el correo electrónico, la institución tampoco cuenta con el personal que antes hacía esa labor.
“Tampoco tenemos plazas como antes existían, porque se han ido limitando. ¿Por qué? Porque los sustituimos por la tecnología”, agregó el jerarca.
Díaz detalló que el efecto se extiende a la función misma del Poder Judicial.
En febrero próximo vence el contrato de licenciamiento de las plataformas institucionales y esa partida está entre los recursos que Hacienda retendrá en caso de aprobarse, como fue presentado, el presupuesto para 2027.
“Esto tendría también un efecto rebote, irreversible, porque no podríamos ni siquiera hacer la diligencia que era más sencilla y común, como enviar un correo electrónico para citar a una persona a un juicio. Ahora tendríamos que destinar a una persona que no la tenemos a que realice esa actividad”, añadió Díaz.
La oficina de prensa del Poder Judicial precisó que la clase de puesto “Notificador” cambió de nombre a “Técnico en Comunicaciones Judiciales”. En 2016 se contabilizaron 456 personas con nombramientos interinos o en propiedad, de al menos un día de vigencia, en puestos de esa clase o de notificador.
Al 23 de setiembre de 2026, 236 personas ocupan puestos de técnico en comunicaciones judiciales; esto es un 48% menos de personas ejecutando tales labores respecto a una década atrás.
El director de Planificación del Poder Judicial, Alan Pogue Him, explicó el martes en el programa En Profundidad, de Teletica.com, que las consecuencias operativas del vencimiento de las licencias irían más allá de lo relatado por Díaz.
Afirmó que tampoco podrían hacerse audiencias ni debates virtuales, un recurso que la institución usa por la falta de salas de juicio, y que podrían retrasarse pericias del OIJ, como las de Medicatura Forense.
La advertencia es parte de la discusión del presupuesto 2027 del Poder Judicial. El 16 de setiembre, el entonces presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, calificó ante la Comisión de Asuntos Hacendarios el recorte como un “mazazo a la democracia”.
La rebaja propuesta es de ₡10.542 millones, a la que se suma el congelamiento de otros ₡29.843 millones, que según Pogue equivale a un 5,5% del presupuesto institucional.
Para liberar esos recursos, Hacienda exige la aprobación del plenario legislativo, dos certificaciones de la Contraloría y estados financieros auditados del fideicomiso de infraestructura judicial.
La directora ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins, indicó en el programa web que la auditoría tarda como mínimo cuatro meses y que ni la comisión legislativa ni el plenario tienen plazos para resolver.