La Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente el proyecto de ley de presupuesto ordinario para el ejercicio económico 2027. La votación se dio al filo de la medianoche, cuando se cumpliría el plazo reglamentario.
El dictamen obtuvo seis votos a favor, todos de diputados oficialistas. Los cinco legisladores de oposición votaron en contra. Ahora, el expediente pasará al plenario para su aprobación definitiva en noviembre.
El plan de gastos del Gobierno Central para el próximo año asciende a ₡12,4 billones.
Salió de la comisión con varias modificaciones, principalmente en perjuicio de las universidades públicas y de algunos programas sociales, cuyos recursos se trasladaron para reforzar otras partidas.
Tal y como lo presentó el Poder Ejecutivo a inicios de setiembre, el presupuesto contempla un aumento de fondos para seis ministerios; entre ellos están el de la Presidencia y el de Hacienda, ambos dirigidos por el expresidente Rodrigo Chaves.
También reciben más recursos los ministerios de Salud, Obras Públicas y Transportes (MOPT), Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) y Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
El resto de las instituciones sufre una disminución. Entre ellas figuran el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Asamblea Legislativa y los ministerios de Educación Pública (MEP), Seguridad Pública (MSP) y Justicia.
Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior, la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) mantienen sus presupuestos sin cambios.
"Ya lo veremos en la discusión que se vendrá en plenario y en la discusión que se vendrá en los tribunales constitucionales. Y ahí creo que se hará justicia. Puedo adelantar que se hará justicia y se sentarán las responsabilidades sobre quien tengan que sentarse", indicó Salvador Padilla, diputado de Liberación Nacional.
Uno de los temas más polémicos son los ₡40.000 millones que se le restringen al Poder Judicial. De ese monto, se recortaron ₡10.500 millones y se congelaron ₡29.844 millones.
"Solo este congelamiento y la prohibición de utilizar los diez mil millones del presupuesto ya hace que no se cumpla con el 6% constitucional al menos para el Poder Judicial", manifestó durante la sesión la diputada del Frente Amplio, María Eugenia Román.
Otra discusión se centró en los recortes que promovió Pueblo Soberano (PPSO) al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y a algunos programas sociales.
El partido de gobierno pretendía recortar más de ₡17.000 millones a las cinco universidades públicas. Sin embargo, solo logró aprobar la moción 16, que les quita ₡8.048 millones correspondientes a fondos postergados.
"Uno lo que está pensando que debería generar algún tipo de igualdad en el acceso a la educación se da cuenta que no existe, porque resulta que aquel estudiante que no es becado, paga solo 12 créditos, y eso significa que no está cubriendo todo el costo de la educación. Son todos los costarricenses. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es el costo para todos los costarricenses de mantener la educación pública?", expresó Nogui Acosta, jefe de fracción del PPSO y presidente de la comisión de hacendarios.
Por otra parte, la moción 18 quitó ₡250.000 millones a varios programas sociales. Entre ellos están la operación de los CEN-CINAI, el programa de atención a personas indigentes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los programas alimentarios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para menores de edad y jóvenes egresados del PANI, así como recursos del Fondo de Subsidio para la Vivienda (Fosuvi).
Esas partidas se trasladan para cubrir el faltante de otros programas sociales, entre ellos las pensiones del Régimen No Contributivo de la CCSS, dirigidas a las personas más pobres del país.
"Estamos en un mal momento para las finanzas públicas de este país, lo entendemos, pero entonces, ¿cómo es posible que este presupuesto nacional 2027 no refleje eso? y que realmente esta administración no quiera socarse la faja donde realmente se le puede socar la faja", cuestionó Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana.
Mientras se discutía el presupuesto, desde las barras y afuera del Congreso hubo manifesraciones y solicitudes para reconsiderar los recortes.Lea también