La resolución de la Sala Constitucional sobre el proyecto de reforma al empleo público vuelve este martes a la Asamblea Legislativa para definir cuál será el siguiente paso en su objetivo de convertirse en ley.
La presidenta del Congreso, Silvia Hernández, deberá enviar el expediente a la Comisión Asuntos Constitucionales para que este analice el fallo de los magistrados y tome una decisión sobre cómo solucionar los vicios detectados por la Sala.
En general, el punto más complejo será solucionar la rectoría de Mideplan para el Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, CCSS, municipalidades y universidades públicas, que los magistrados calificaron de inconstitucional.
La comisión deberá decidir si puede subsanar los vicios encontrados y rendir un informe al Plenario con recomendaciones, o bien decidir que los cambios son muy profundos y recomendarle al Pleno reenviar el proyecto a la comisión de Gobierno y Administración para hacer las correcciones del caso.
“Tomando en cuenta los matices que nos da el voto en el por tanto, me parece que la Comisión de Asuntos Constitucionales podría subsanar los vicios”, dijo Eduardo Cruickshank, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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