Nacional
¿Qué medidas ha tomado el MEP para proteger a estudiantes de balaceras y personas armadas?
La última balacera registrada frente a una escuela ocurrió el viernes 7 de noviembre, en un centro educativo en La Carpio, San José.
POR Luis Jiménez | 15 de noviembre de 2025, 8:00 AM
El Ministerio de Educación Pública (MEP) cuenta con protocolos específicos y una guía de actuación para enfrentar situaciones de amenazas o tiroteos dentro o cerca de centros educativos, con el fin de resguardar la vida de estudiantes y personal docente.Según la institución, estas herramientas buscan orientar a las comunidades educativas en la prevención, respuesta inmediata y coordinación con las instituciones competentes ante hechos de violencia armada.
Enid Castro Monge, jefa de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP, explicó a Teletica.com que la institución mantiene a disposición de los centros educativos una guía y los protocolos correspondientes, los cuales han sido debidamente socializados y capacitados entre el personal."Entre estos documentos se encuentra la Guía para el afrontamiento de amenazas y/o tiroteo en centros educativos públicos y privados, que establece la necesidad de ajustarla a las particularidades y contexto de cada institución."Las medidas contempladas requieren el impulso de coordinaciones interinstitucionales para un abordaje integral, involucrando entidades como el 9-1-1, Fuerza Pública, Fiscalía Penal Juvenil, Ministerio Público, Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), además de asegurar la información oportuna y permanente a los encargados legales del estudiantado", señaló Castro.La funcionaria agregó que, cuando la persona identificada como posible responsable es un estudiante regular, corresponde aplicar el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y la normativa interna del MEP."A las instituciones educativas se les informa sobre la necesidad de reforzar los protocolos de revisión de bultos, así como los mecanismos de control de ingreso y permanencia de personas ajenas al centro, con el objetivo de proteger la integridad física de toda la comunidad educativa", comentó Castro.Castro también señaló que los eventos que ocurren externamente a la institución escapan al alcance del MEP. No obstante, enfatizó la importancia de que los centros educativos, especialmente aquellos ubicados en zonas con mayores índices de riesgo, mantengan sus coordinaciones y atiendan los lineamientos dispuestos por la institución.
Además de estas guías generales, el MEP cuenta con un protocolo específico para situaciones de balaceras, denominado “Tirador activo”, elaborado por psicólogos de la institución en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza Pública. Su objetivo principal es proteger la vida de estudiantes y docentes mediante acciones inmediatas de resguardo. Entre las establecidas se encuentran llamar al 9-1-1, alejarse de las ventanas, acostarse en el piso, abandonar el sitio si es seguro hacerlo, elegir zonas de resguardo y seguir las instrucciones del personal capacitado, evitando en todo momento confrontar al agresor.
El protocolo contempla incluso recomendaciones para situaciones extremas, en las que se sugiere luchar únicamente como último recurso y, si las circunstancias lo requieren, camuflarse o simular estar muerto como estrategia de supervivencia.
La aplicación de estos protocolos ha cobrado relevancia tras recientes hechos violentos. La última balacera registrada frente a una escuela ocurrió el viernes 7 de noviembre, en un centro educativo en La Carpio, San José. Un día antes, una amenaza escrita en una de las paredes del baño alertaba a estudiantes y personal docente sobre la posibilidad de un ataque armado dentro del centro. Al día siguiente, se reportó una balacera en la calle contigua a la escuela, con más de 20 detonaciones y más de dos armas localizadas en el sitio, según indicó personal docente.
El ministerio reitera la importancia de que cada centro educativo mantenga actualizados sus protocolos, atienda las recomendaciones institucionales y fortalezca la coordinación con los cuerpos de seguridad para mitigar riesgos y proteger a la población estudiantil.