Nacional
Avenida Segunda paralizada por protesta contra prohibición de pastilla anticonceptiva
Los manifestantes rechazan la decisión tomada en la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa.
El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, la Fundación Paniamor, la Asociación Costarricense de Obstetricia y Ginecología y la Asociación Costarricense de Pediatría manifestaron su preocupación por los cambios introducidos al proyecto de ley que busca garantizar una atención integral a las víctimas de violación sexual.
Las organizaciones cuestionan modificaciones realizadas al expediente legislativo 23.633, iniciativa que pretende dar rango de ley al denominado Protocolo de las 72 Horas y a los Equipos de Respuesta Rápida para la Atención Integral de Víctimas de Delitos Sexuales.
La principal inquietud surge tras la decisión de excluir la anticoncepción de emergencia de los servicios mínimos expresamente garantizados dentro del proyecto.
Según las organizaciones, exigir requisitos que no respondan a una justificación clínica podría retrasar la atención y convertirse en una barrera adicional para las personas que requieren atención inmediata tras una agresión sexual.
Además, consideran que este tipo de medidas podría afectar especialmente a niñas y adolescentes, población que requiere una protección reforzada por parte del Estado.
Los especialistas señalan que la respuesta institucional debe caracterizarse por la rapidez, la sensibilidad y el respeto a la dignidad de las víctimas.
Riesgo de revictimización
El Colegio de Profesionales en Psicología advirtió que la violencia sexual puede generar consecuencias profundas en la salud mental, entre ellas ansiedad, depresión, estrés postraumático y otras afectaciones emocionales.
Por ello, sostienen que los procedimientos institucionales no deben convertirse en una nueva fuente de sufrimiento para quienes ya enfrentan las consecuencias de una agresión sexual.