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Filtración de datos puede disparar estafas más creíbles contra los costarricenses
La preocupación surge debido a que la información expuesta en la web oscura no se limita únicamente a nombres o números telefónicos.
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Proyecto plantea cifrar datos de ticos y establecer multas millonarias por filtraciones
La iniciativa surge en medio de la preocupación generada por la reciente filtración masiva de información de ciudadanos costarricenses en la 'dark web'.
POR Gloriana Casasola Calderón | 8 de octubre de 2026, 6:35 AM
Una propuesta de reforma a la legislación sobre protección de datos personales busca fortalecer la seguridad de la información de los costarricenses y establecer sanciones más severas para quienes incumplan con su custodia.
Se trata del expediente legislativo 25.826, que plantea modificaciones a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, normativa vigente desde 2011.
La iniciativa surge en medio de la preocupación generada por la reciente filtración masiva de información de ciudadanos costarricenses en la dark web, atribuida por publicaciones en línea a un usuario identificado como “Jarol1488”.
Cifrado obligatorio de la información
Uno de los principales cambios propuestos consiste en convertir en obligatorio el cifrado de los datos personales.
La reforma establece que la información deberá protegerse mediante mecanismos criptográficos tanto cuando permanezca almacenada en bases de datos como cuando sea transmitida a través de redes de comunicación.
Multas millonarias
El proyecto también endurece el régimen sancionatorio para quienes incumplan las obligaciones relacionadas con la protección de datos.
La propuesta contempla multas de hasta 80 salarios base, equivalentes a aproximadamente ₡40 millones, para los casos considerados más graves.
La iniciativa reconoce que la implementación de estas medidas requerirá ajustes importantes en los sistemas tecnológicos de numerosas organizaciones.
Por ello, se establecen plazos de hasta dos años para que las empresas privadas adapten sus sistemas de almacenamiento y protección de datos, mientras que las instituciones públicas dispondrían de 18 meses para completar las adecuaciones criptográficas requeridas.
Aunque el proyecto plantea cambios significativos en materia de protección de datos personales, su discusión apenas inicia en la Asamblea Legislativa.