Orden de allanamiento revela "conflicto directo y abierto" entre Juzgado de Pococí y Fiscalía

El personal del Juzgado Penal de Pococí y el Ministerio Público tenían un "conflicto directo y abierto", producto de la investigación que se seguía en ese despacho por los posibles vínculos de algunos jueces con la organización de Alejandro Arias, mejor conocido como "Diablo".

A esa conclusión se arriba en la orden de allanamiento —de la que Teletica.com tiene copia— que permitió la captura y suspensión de dos jueces de apellidos Valverde y Ramírez. También llevó a la detención de una funcionaria del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la hermana de quien fuera el criminal más buscado del país, Gelen Arias.

Precisamente, el citado documento pertenece al expediente 25-009138-0042-PE, que se originó a partir de un informe ingresado al Centro de Información Confidencial (CICO) de la Policía Judicial, en el que una persona indicó haber escuchado en un bar de Guápiles de Pococí que una exfuncionaria y actual abogada litigante (cuyo nombre se reservará en esta publicación) servía de enlace con Valverde y uno de los hombres de mayor confianza de "Diablo", Rándall Delgado, alias "Míster Músculo", quien murió la madrugada del miércoles tras un intercambio armado con agentes de la Policía Judicial que le seguían la pista.

El reporte ingresado apuntaba a un supuesto acuerdo para capturar y perseguir a personas "poco relevantes" dentro de la organización criminal, de manera que no se afectara a esta última, pues presuntamente se había pactado de previo que se iba a alterar prueba o se iba a adelantar a aquellos de "peso" de forma que estos consiguieran una absolutoria.

La información indicaba que Valverde en apariencia recibía colaboración de Ramírez y de un tercer decisor, contra el que no se gestionó diligencia alguna y, por ello, no se brindará ningún detalle sobre su identidad.

El informe en cuestión, y la investigación formal que la derivó, se filtraron hasta llegar al Juzgado Penal de Pococí, lo que provocó diferentes reacciones de algunos de los juzgadores imputados en el proceso, las cuales fueron objeto de intervenciones de comunicaciones realizadas por el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).

Las manifestaciones interceptadas se dieron entre el 5 y 6 de mayo pasados.

Por ejemplo, en una llamada que Valverde hizo a una mujer, este supuestamente descalificó la veracidad de los reportes.

"Los CICOS son información confidencial que muchas veces la Policía Judicial inventa", señaló el juez suspendido, para luego calificar los señalamientos en su contra como "sacadas de clavo" por haber rechazado solicitudes del Ministerio Público.

Además, el funcionario presuntamente llamó "hijueputas" al personal de la Policía Judicial.

Ese mismo día, Ramírez y Valverde aparentemente hicieron un "análisis conjunto" de la información que había trascendido para determinar su origen y confirmar si el despacho era objeto de una investigación formal.

"Esas habladas quieren decir que sí, Juzgado Penal está siendo investigado, bajo esa causa 2511989", manifestó Ramírez, según las diligencias realizadas en el marco de la pesquisa.

De seguido, ese juez supuestamente ventiló el asunto con otra compañera del órgano jurisdiccional, quien "lo reconfortó restando inminencia a la investigación" al detallarle: "Es que si tuvieran algo, hace rato les hubieran botado las puertas... pero ya no".

Pese a lo anterior, Ramírez en apariencia le advirtió a esta última que era posible que ambos estuvieran intervenidos.

Los sospechosos también atribuyeron el informe confidencial a un fiscal de la zona, pues este conocía datos antiguos de causas de crimen organizado. A este, igualmente, lo llamaron "hijueputa".

"Esto evidencia un conflicto directo y abierto entre el Juzgado Penal y el Ministerio Público", subraya la orden de allanamiento.

Durante la interacción se abordaron, a su vez, aspectos relacionados con contactos con abogados que supuestamente tenían relación directa con Arias.

El documento amplía:

"De igual forma, el investigado Valverde manifestó su interés en acceder al expediente referido en la publicación, al indicar que 'habría que ver qué (sic.) tiene acceso al expediente para ya tener grado de certeza', mientras que junto a Ramírez cuestionó el desempeño de la funcionaria Rojas, reprochándole errores técnicos en su labor que podrían favorecer de manera indirecta a la estructura criminal de alias 'Diablo', y dejando entrever que los propios investigadores de la delegación donde ella labora ya recelaban de su proceder y de sus posibles vínculos con dicha estructura".

Un día más tarde, el tercer juzgador entró a la oficina de Valverde y, en apariencia, reafirmaron la tesis de que la filtración provino de la Policía Judicial. Nuevamente, se le mencionó al fiscal y esta vez se le llamó "carepicha".

En ese mismo espacio, Valverde y Ramírez supuestamente conversaron sobre la posibilidad de ser blanco de vigilancias por parte del Organismo de Investigación Judicial dados movimientos inusuales que terceros les habían reportado.

Incluso, sospechaban que estaban siendo intervenidos con micrófonos y cámaras, al punto que en apariencia concretaron un plan para verificar las instalaciones.

Sobre el particular, este medio contactó a Valverde, pero este señaló que no estaba interesado en conversar con la prensa.

Lea también