El movimiento estudiantil advirtió, la mañana de este viernes, que hará en las calles lo que resulte necesario para frenar los recortes a la educación pública que el Gobierno pretende que se aprueben en los presupuestos de 2026 y 2027, producto de un importante deterioro fiscal que atraviesa el país.
Las federaciones estudiantiles de las universidades de Costa Rica (FE-UCR), Nacional (FE-UNA), Estatal a Distancia (FE-UNED) y Técnica Nacional (FE-UTN), así como del Tecnológico de Costa Rica (FEI-TEC), anunciaron la participación en tres protestas para las próximas dos semanas.
A las manifestaciones se sumará el Frente Nacional de Estudiantes de Secundaria.
Las movilizaciones en las que participará el movimiento estudiantil incluyen el plantón del próximo 2 de noviembre en la Plaza de la Democracia, en San José.
Además, la marcha del agro, convocada para un día después; y la huelga de profesores del 11 de noviembre siguiente.
"Tomaremos las acciones que sean necesarias. Y esto será en una mesa de negociación con el Gobierno y las diferentes diputaciones o será en la calle, pero nos vamos a asegurar de que el movimiento estudiantil en todos sus niveles sea escuchado y sea parte real de las negociaciones. Y no solo negociaciones que al final no se lleguen a cumplir; vamos a exigir nuestro derecho para que estos recortes no sean posibles", indicó la presidenta de la Federación Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia, María Ortega.
La primera de las concentraciones coincide con el inicio de las discusiones en el Plenario de la Asamblea Legislativa del proyecto de Presupuesto Nacional 2027.
Si bien la conferencia coincidió con la divulgación de un pronunciamiento de apoyo emitido por el Consejo Nacional de Rectores (Conare) al plantón del lunes, la vocera subrayó la autonomía del movimiento estudiantil y rechazó que la protesta busque "defender privilegios", en medio de las críticas que el Poder Ejecutivo y el Congreso han hecho por el manejo de recursos públicos por parte de las casas de enseñanza superior.
"La paciencia del estudiantado en Costa Rica se acabó. Y quisiéramos dirigirnos a la señora presidenta Laura Fernández y al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves. Queremos decirles algo muy sencillo, son tres palabras: no nos subestimen.
"Nosotros los estudiantes sabemos leer, sabemos pensar críticamente, sabemos entender decisiones que nos afectan, nos perjudican y que las primeras personas que van a sufrir esos efectos de esas decisiones somos los estudiantes. Principalmente, sabemos también cuánto se intenta desviar la atención ante estos recortes presupuestarios que se están intentando hacer y cuando el desvío de esas decisiones en cuestión se hace con un fin", señaló por su parte la estudiante de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Mia Fink.
El movimiento estudiantil aboga por un fortalecimiento de la educación pública desde los sectores sociales, académicos, laborales y productivos para dar "respuestas profundas" a lo que denominaron como una "crisis educativa estructural", en la que la enseñanza no puede ser utilizada como variable de ajuste fiscal.
La Contraloría General de la República (CGR) señaló que el plan de gastos planteado por el Ministerio de Hacienda para el Ministerio de Educación Pública (MEP) asigna el 4,9% del producto interno bruto (PIB), la menor proporción de un presupuesto inicial en los últimos 19 años, cuando existe un mandato constitucional de destinar al menos el 8% al conjunto de la educación estatal.
Pero además, la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios del Congreso aprobó una moción del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) para recortar ₡8.048 millones de fondos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que habían sido previamente acordados. También se planteó, en su momento, otra moción para rebajar otros ₡8.918 millones destinados a operación y presencia universitaria regional, pero esta no fue aprobada.
La incertidumbre derivada de la discusión presupuestaria provocó que el Tecnológico aplazara la publicación de resultados de admisión para 2027 después de que 16.227 personas realizaran su prueba de aptitud, mientras que la Universidad Estatal a Distancia postergó la comunicación de resultados de becas socioeconómicas y la Universidad Nacional advirtió que podría suspenderse 417 nuevos cupos previstos en su expansión regional.
A ello debe agregarse un recorte de ₡493 millones en presupuestos de 2026 que impacta directamente las operaciones del Centro Académico del Tecnológico en Limón.
Tal situación llevó al ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, a acusar a la rectora de esa casa de enseñanza, María Estrada, de "extorsión política".