POR Juan José Herrera | 14 de agosto de 2026, 16:18 PM
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) advirtió este viernes que, desde la creación del Circuito de Alta Contención en Costa Rica, en abril de 2025, se han elaborado nueve informes en los que se advierten riesgos de un "entorno torturante" en ese ámbito de máxima seguridad.
El MNPT es un órgano independiente diseñado para visitar centros penitenciarios y revisar las condiciones en que viven las personas privadas de libertad con el fin de evitar abusos, tratos crueles, inhumanos o degradantes, tal y como demanda la Convención contra la Tortura de la ONU a la que está adscrita Costa Rica.
La alerta llega luego de que se conocieran las denuncias realizadas por los ahora extraditados Gilbert Bell, alias "Macho Coca", y Gabriel Lozano, alias "Compadre", quienes aseguraron sufrir malos tratos por parte de las autoridades mientras estuvieron recluidos en el CAI Jorge Arturo Montero.
"En estos documentos se advierte que las medidas restrictivas aplicadas corren el riesgo de constituir un entorno torturante. Dichos informes han sido remitidos a la Sala Constitucional, al Juzgado de Ejecución de la Pena y al Ministerio de Justicia y Paz, entre otras entidades", dijo el MNPT.
Entre los riesgos señalados están la "restricción severa de la posibilidad de visita general, visita íntima, visitas de menores de edad, llamadas telefónicas, pertenencias personales".
También se cuestiona la restricción total para recibir alimentación externa, la prohibición total de recibir información del exterior o la restricción al ocio y el deporte.
Además, se advierte por la "supresión de facto" del derecho universal a la educación y formación y el "ambiente de amenaza" percibido tanto por la población como por el propio personal profesional y policial.
"Los informes del MNPT muestran palpables las consecuencias de este aislamiento, que, de alargarse en el tiempo, puede afectar la integridad física y psicológica, ya que se trata de medidas que no son excepcionales, sino que se están constituyendo en una norma establecida para un grupo significativo de personas privadas de libertad", añadió.
El Mecanismo pidió investigar de oficio lo señalado por la Fiscalía General en el caso de Bell y Lozano.
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