POR Bárbara Marín | 29 de enero de 2021, 14:51 PM

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reporta, cada vez con más frecuencia, una conducta que preocupa, genera mayor carga de trabajo y desaprovecha los recursos económicos y profesionales: se trata de personas que simulan denuncias por desaparición para suplir sus intereses personales.

La información suministrada por la Policía Judicial refleja que la problemática no es menor, prueba de esto es que la dirección del OIJ ha tenido que invertir tiempo para redactar una solución alternativa y así atacar esta tendencia.

La idea es exponer ante la Asamblea Legislativa la creación de una Ley Nacional sobre Desapariciones de Mayores de Edad. Esta, además de crear un marco legal de referencia para atender los hechos reales, facultaría a las autoridades a castigar con multas económicas o con trabajo comunal a todas aquellas personas que incurran en el uso fraudulento del sistema judicial.

El OIJ ha detectado que algunos ciudadanos interponen denuncias por la desaparición de una persona con el fin de que los agentes la localicen y se le pueda notificar una pensión alimentaria.

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En otros casos se tiene a personas que cuentan con préstamos, deudas o pagos pendientes en tarjetas de crédito y se hacen pasar por desaparecidos para evitar los procesos ejecutivos de cobros.

Por último, se conoce que algunas personan han narrado historias de secuestros ficticios en las que, aseguran, se les obliga a consumir algún tipo de estupefaciente; siendo que, en realidad, la persona decidió ausentarse intencionalmente de su casa por algún tiempo.

“Y así como estos casos son muchos los que existen en que se usa fraudulentamente el sistema, no para buscar a una persona desaparecida sino para un interés privado, financiero o falaz”, indicó el OIJ.

En el proyecto de ley que se redacta desde las bases judiciales, también se propone que la policía pueda desmentir, por medio de la prensa, cada vez que circulen falsas alarmas de grupos que se dedican al supuesto secuestro de mujeres, niños o cualquier persona. 

Ante esta propuesta, el OIJ señaló que a la fecha "ninguna desaparición está relacionada a un grupo criminal que se dedique sistemáticamente a captar, raptar o secuestrar mujeres como parte de su forma de operar (...) Las desapariciones reportadas son producto de casos aislados y ninguno orquestado por una persona o grupo de modo serial".

La redacción del proyecto de ley está en fase final y se espera que se pueda presentar próximamente ante los diputados. 

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