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Caso Gandoca-Manzanillo: Decomisan expedientes por permisos de construcción en refugio
El secuestro de los documentos se dio durante un allanamiento en la Municipalidad de Talamanca.
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Juzgado ordena clausurar camino interno y suspende permisos de tala en Gandoca-Manzanillo
Las medidas cautelares fueron notificadas este lunes y buscan proteger el bosque, según la Fiscalía.
POR Paulo Villalobos | 28 de abril de 2026, 7:00 AM
El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública ordenó, la mañana de este lunes, una serie de medidas cautelares en el caso que persigue aparentes irregularidades en el otorgamiento de permisos en el Refugio Nacional Gandoca-Manzanillo.
Las disposiciones incluyen la clausura de un camino interno dentro de las fincas bajo investigación y la suspensión de los permisos de tala (AC-AC03-IF-00126-2023 y AC-AC03-CO-SAF-00026-2024).
De igual forma, se dejó sin efecto una resolución 011-2024-ACLAC-SLT de la Oficina Subregional de Talamanca del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), así como de cualquier trámite de permisos para realizar labores en esos terrenos.
A la Municipalidad de Talamanca se le ordenó suspender el trámite de visados de planos y permisos en general relacionados con las propiedades.
Finalmente, se instruyó la anotación del proceso penal al margen de las fincas matrícula 7-48141-000 y 7-59699-000.
El Ministerio Público defendió en un comunicado que, con esas medidas, pretende una protección del bosque, mientras avanza la pesquisa.
Vale recordar que el expediente 24-000003-1851-PE se sigue contra un empresario de apellido Pacheco, tres funcionarios del Sistema de Áreas de Conservación de apellidos Salas, Campbell y Cruz, así como un regente forestal de apellido Camacho.
De acuerdo con la investigación, el primero, con la colaboración del último, presuntamente gestionó ante el Área de Conservación La Amistad Caribe la autorización para el aprovechamiento de 94 árboles. En ese momento, se les previno que el terreno correspondía a un área de bosque y que la finca tiene un humedal, lo que impedía legalmente la autorización.
Aparentemente, luego se presentó otra gestión, la cual varió la condición del terreno, ya que se afirmaba, en esta ocasión, que no se trataba de bosque, sino de un supuesto sistema agroforestal. De esa forma, se permitió la emisión de actos administrativos, los cuales ahora son investigados dentro de este proceso penal.
Las medidas cautelares fueron solicitadas por la Fiscalía Adjunta Ambiental y se dictan en una segunda audiencia celebrada ante el órgano jurisdiccional, luego de que este rechazara un primer pedido, hace dos años.