Inicia juicio contra CCSS por supuestos accesos no autorizados a EDUS de paciente

El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda celebra, desde este martes, un juicio contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por aparentes accesos no autorizados al Expediente Digital Único en Salud (EDUS) de una paciente.

La audiencia inició pasadas las 8:30 a. m. con los alegatos de apertura y la recepción de prueba para mejor resolver, confirmó a Teletica.com el abogado Marco Sánchez.

El debate se relaciona con un caso que este medio dio a conocer el 12 de junio de 2025, de una mujer a la que se le protegerá la identidad, cuyo diagnóstico y tratamiento fue presuntamente consultado sin autorización por tres médicas de centros de salud que nunca ha visitado y que son familiares o amigos de un allegado suyo.

Lo anterior ocurrió a través del Expediente Digital, según se desprende de una certificación de la bitácora de ingresos al sistema, emitida por la Dirección General del Hospital Psiquiátrico Roberto Chacón el 17 de abril de 2024.

El documento en cuestión forma parte de una demanda que la paciente interpuso contra la institución, y que ahora es objeto de contradictorio.

Para esa primera publicación, Teletica.com solicitó una posición a la Caja, pero su Dirección Jurídica indicó entonces que no se iba a pronunciar al respecto en tanto que el caso permanece en una etapa privada. Para este artículo se procuró nuevamente un comentario, pero la gestión está en trámite.

En el proceso en cuestión se reclama a la entidad que vela por la seguridad social un daño moral y físico a la usuaria, de acuerdo con uno de los abogados de esta última, Marco Sánchez.

Lo anterior como consecuencia de una supuesta violación a la confidencialidad del Expediente Digital, tras consultas hechas por médicas ajenas a su estado de salud y tratamientos recibidos ante conductas de rabia, frustración, desánimo, depresión, deseos de autoeliminación y autolesiones.

A ello debe sumarse un daño físico derivado de la situación antes expuesta. Esto por cuanto la mujer, cuando se enteró sobre lo que había ocurrido con su información médica, entró en una crisis de pánico, golpeó en reiteradas ocasiones una pared y se fisuró el dedo anular de la mano derecha.

Tanto el jurista como su clienta enfatizaron que su deseo con el presente proceso es sentar un precedente y que la Caja endurezca sus filtros en casos similares, para que otras situaciones como la mencionada no se presenten de nuevo.

Sánchez recordó que los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública establecen un sistema de responsabilidad para cubrir los daños derivados de conductas administrativas, como cree que es el caso de la paciente.

Secretos ultrajados

La demandante relató a este medio que, debido a una depresión que atraviesa, tuvo que ser internada entre el 19 de marzo y el 2 de mayo de 2024 en el Hospital Psiquiátrico.

Un día, un familiar la visitó en el centro médico y le refirió que otro allegado le había comentado sobre una cita que le habían dado en el Hospital Maximiliano Peralta. Tal situación le causó sorpresa, pues solo ella sabía de esa información.

Al pensarlo más meticulosamente y atar algunos cabos, la paciente empezó a sospechar que ese tercero, médico de profesión, pudo haber husmeado en su expediente digital.

Por ello, hizo el reporte a su psiquiatra y esta puso en marcha el protocolo correspondiente.

Fue entonces cuando recibió un historial de consultas hechas a la plataforma y descubrió que, entre el 1.° de julio de 2023 y el 5 de abril de 2024, tres médicas que dice no haber autorizado ingresaron a su perfil.

Se trata de dos funcionarias del Hospital San Rafael de Alajuela, quienes consultaron el 18 de julio de 2023 y el 7 de agosto de 2023; así como otra del Hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria, quien lo hizo el 20 de marzo de 2024.

Todos los ingresos se dieron en momentos en los que la mujer estaba internada en centros médicos distintos a los antes indicados. La bitácora muestra que las doctoras buscaron el nombre de la demandante y vieron su historial.

La paciente sostuvo en la entrevista que las tres profesionales de la salud tienen algún tipo de vínculo con un allegado, mientras que en la demanda se establece que ninguna tenía justificación o motivo para hacer las consultas.

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