POR Luis Jiménez | 23 de junio de 2026, 6:02 AM

La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental solicitó al Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José la imposición de una medida cautelar para suspender de manera inmediata el permiso que autoriza la tala de 751 árboles en una finca ubicada en Playa Panamá, Guanacaste.

La gestión fue presentada el pasado 15 de mayo y actualmente se encuentra pendiente de resolución por parte de las autoridades judiciales.

La investigación está relacionada con el proyecto turístico Bahía Papagayo, desarrollado por la sociedad Enjoy Hotels & Resorts S.A. El Ministerio Público procura determinar la posible comisión de delitos vinculados con cambio de uso del suelo en terrenos boscosos, incumplimiento de deberes, prevaricato y falsedad ideológica.

El permiso cuestionado fue otorgado por el Área de Conservación Tempisque y autoriza la tala de los árboles dentro de la propiedad donde se desarrolla el proyecto turístico.

Según explicó Luis Diego Hernández, fiscal coordinador de la Fiscalía Ambiental, el caso forma parte de un conflicto socioambiental en una zona donde convergen distintos actores, entre ellos organizaciones ambientalistas, empresas desarrolladoras y comunidades locales.

Hernández indicó que la investigación busca determinar la existencia de ecosistemas de bosque en el sitio intervenido y verificar si se produjo una vulneración al principio de irreductibilidad del bosque establecido en la legislación forestal costarricense.

De acuerdo con el fiscal, las diligencias se centran en establecer si se pretendía realizar un cambio de uso de suelo en un ecosistema boscoso del que provenían más de 700 árboles autorizados para tala.

Por su parte, Enjoy Hotels & Resorts S.A. emitió un comunicado oficial en respuesta a las acciones legales y a la solicitud planteada por la Fiscalía Ambiental. La empresa señaló que todas las actuaciones y desarrollos ejecutados dentro del proyecto Bahía Papagayo cuentan con respaldo de estudios técnicos, criterios especializados y las autorizaciones legales correspondientes.

Mientras tanto, el proceso judicial continúa a la espera de la resolución que defina la solicitud de medida cautelar presentada por la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental.

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