POR Natalia Jiménez Segura | 13 de febrero de 2020, 10:13 AM

La Fiscalía Adjunta de Fraudes allanó este jueves las oficinas de la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional (Asebanacio) y las oficinas centrales del banco.

Según información del departamento de prensa del Ministerio Público, el operativo tiene como fin recabar prueba relacionada con una investigación que se sigue contra tres personas de apellidos Picado Villalobos, Prado Mendoza y Méndez Porras por el presunto delito de peculado.

Este miércoles la Comisión de Ingreso y Gasto Público interrogó a tres exdirectivos de Asebanacio, incluido Picado Villalobos, por otorgar préstamos a terceros de forma ilegal, entre ellos a una empresa de Juan Carlos Bolaños, importador del cemento chino y principal señalado en el famoso caso conocido como "cementazo".

La investigación del Ministerio Público parte de una serie de denuncias que aseguran que desde la creación de la asociación la junta directiva incluyó a miembros del órgano director del Banco Nacional, pese a que eso está prohibido por la ley de asociaciones solidaristas.

Lea también

Nacional

Exdirectivos de Asebanacio, que le dio créditos a Juan Carlos Bolaños, aseguran que no sabían que estaban haciendo algo ilegal

La Comisión de Ingreso y Gasto Público investiga el posible uso irregular de recursos públicos

La sospecha de la Fiscalía es que con esto se pretendía controlar la asociación para facilitarle créditos a clientes corporativos del banco, como habría sido el caso de Bolaños.

Al parecer además, para el año 2011, el Banco había acumulado un monto como reserva para el pago de las cesantías de los trabajadores, ello al amparo de los establecido en la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.

Pese a la existencia de pronunciamientos de la Procuraduría General de la República sobre la ilegalidad de esos movimientos, los investigados habrían instado a la Junta Directiva del Banco para que se aprobara el traslado.

Ese miércoles los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público cuestionaron a Picado y otros dos exdirectivos por el otorgamiento de esos préstamos a Bolaños y otras personas ajenas a la asociación.

Los funcionarios alegaron desconocimiento de ley en el otorgamiento de esos préstamos, que en el caso del empresario llegaron a  ₡22.000 millones.