POR Gabriel Pacheco | 22 de noviembre de 2026, 8:00 AM

Ninguno de los 73 gobiernos locales que respondieron a una consulta del Programa Estado de la Nación (PEN) ha logrado aplicar las multas que establece la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley 8839). 

Esos 73 gobiernos locales, que incluyen municipalidades y concejos municipales distritales, son el 80% del país. Así lo revela el capítulo 4 del Informe Estado de la Nación 2026, dedicado a la armonía con la naturaleza.

El 20% restante, es decir, 18 gobiernos locales, no respondió las preguntas del PEN. Por eso no hay datos sobre si en esos cantones se ha sancionado a alguien por manejar mal la basura.

Según el informe, las municipalidades no han podido cobrar las multas porque les faltan convenios y mecanismos de coordinación con el Ministerio de Salud. Además, el estudio señala que en la práctica las labores de fiscalización “suelen quedar relegadas” porque primero hay que garantizar el dinero para la recolección y la operación del servicio.

La Ley 8839 contempla multas de tres niveles. Tirar basura en la calle o sacar residuos de los contenedores de reciclaje se considera falta leve y se multa con entre ₡462.200 y ₡4,6 millones. 

Quemar, enterrar o abandonar basura en lotes y otros sitios no autorizados es una falta grave, con multas de ₡9,2 millones a ₡46,2 millones. Las faltas gravísimas, como botar residuos peligrosos o transportarlos sin permiso, se castigan con entre ₡46,2 millones y ₡92,4 millones.

En todos los casos, el infractor también debe pagar el daño ambiental. Si el responsable es un funcionario público, la multa aumenta un tercio. Las multas leves las imponen los inspectores municipales y el dinero recaudado debe usarse en la gestión de residuos del cantón.

El PEN identifica la fiscalización y el control ambiental como “el principal obstáculo del sistema”. El 94,5% de las municipalidades tiene una oficina para recibir denuncias, pero el informe concluye que su capacidad real para regular es “muy reducida”.

El informe agrega que las unidades ambientales municipales tienen, en promedio, menos de cinco personas. Muchas de ellas también deben encargarse de otros temas, como la gestión del agua.

Para el PEN, el país sí ha avanzado en leyes: entre 2001 y 2025 se aprobaron 84 normas sobre residuos sólidos. Sin embargo, esas normas les dieron más responsabilidades a los gobiernos locales sin fortalecer sus capacidades. 

Un ejemplo es el decreto 44974-S, que el Ministerio de Salud emitió a inicios de 2025 para organizar la gestión de residuos por regiones. Según el informe, ese decreto no prevé nuevas fuentes de financiamiento, y trasladar esos costos podría duplicar las tarifas que se cobran hoy.

La falta de control se da en un momento delicado para la gestión de la basura. Según datos de Salud citados en el informe, el 80% de los residuos sólidos gestionados termina en rellenos sanitarios y solo se recupera el 13%, aunque 6 de cada 10 toneladas son orgánicas y podrían convertirse en compost. 

Además, el 57% de las personas no separa los residuos en su casa, según una encuesta de 2024 del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional.

El informe advierte que incluso los gobiernos locales con mejores resultados, el grupo de “Consolidados” con 29 municipios y 66,9 puntos en promedio, tienen desafíos pendientes. Para el PEN, mejorar el desempeño requiere atender las barreras estructurales que las municipalidades identificaron, empezando por la falta de recursos y de claridad en la normativa.

Lea también

Política

Estado de la Nación: Ningún proyecto en análisis da una solución inmediata para Crucitas

Pueblo Soberano discrepa con el estudio, mientras que, si bien desde Liberación Nacional se sostiene que su planteamiento más reciente no fue analizado, coincide con el diagnóstico efectuado.