¿En qué consiste el proceso judicial que la CCSS inició ante huelga de enfermeros?

El jueves pasado, 5.685 funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) salieron a huelga a nivel nacional por la falta de pago o atrasos salariales, especialmente en enfermeros.

La protesta provocó la suspensión de 216 cirugías de 416 programadas para ese día, mientras que servicios como el de Emergencias del Hospital Fernando Escalante, en Pérez Zeledón, perdieron a 25 de los 29 profesionales de ese tipo que tenía en el tercer turno.

El impacto no fue mayor debido a medidas extraordinarias que incluyeron la redistribución de personal, la aplicación de tiempo extraordinario y a la coordinación entre establecimientos de salud, según defendió la institución en una conferencia de prensa el lunes anterior.

Sin embargo, ese mismo jueves, la entidad encargada de la administración de los hospitales públicos del país presentó ante el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José una solicitud de reincorporación a labores en servicios públicos esenciales, a la que se le asignó el expediente 26-001546-2024-LA, según se desprende del informe final del movimiento emitido por la Gerencia Administrativa, del que Teletica.com tiene copia.

Pero la diligencia fue a su vez confirmada por la Dirección Jurídica ante una consulta posterior de este medio.

"Respecto a la eventual declaratoria de ilegalidad de la huelga, se aclara que las diligencias promovidas por la institución corresponden específicamente a una solicitud de reincorporación a labores, de conformidad con el artículo 375 bis. del Código de Trabajo, por lo que no requiere del trámite de calificación previa de ilegalidad", indicó el despacho.

Y en efecto, el citado numeral establece que una institución está obligada a solicitar una orden de reincorporación en toda huelga que se dé en servicios esenciales, los cuales la propia normativa laboral califica de "manifiestamente ilegal".

La norma apunta que, en las 24 horas posteriores a la suspensión de la jornada, el patrono debe gestionar lo propio y aportar la prueba que acredite la condición del servicio esencial. En las 24 horas siguientes a la recepción del pedido, se dará audiencia a las contrapartes y, después, el órgano jurisdiccional tendrá 24 horas para resolver la solicitud.

El Juzgado de Trabajo de San José detalló a solicitud de Teletica.com que, hasta el lunes, la gestión estaba en trámite y pendiente de resolución.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Nacional de Enfermeros y Afines (SINAE), Lenín Hernández, señaló a este medio que fueron notificados el propio jueves sobre el proceso iniciado por la Caja y que el mismo se atendió "en tiempo y forma".

Choque sobre participantes

Durante la conferencia de prensa del pasado lunes, la presidenta ejecutiva de la Caja, Mónica Taylor, así como el director de Administración y Gestión de Personal de la institución, Wálter Campos, hicieron ver que el 95,4% de los participantes de la huelga sí habían recibido salario.

El último de los voceros explicó que el elemento les llamó la atención en el tanto que todos habían recibido los pagos en al menos las últimas cuatro quincenas.

"Si bien es cierto que puedo entender la solidaridad que puede haber con los compañeros de los distintos servicios de hospitales, es un dato que también hay que valorar. Nosotros nos debemos a todas esas personas y a la prestación efectiva de los servicios que hay que hacer", indicó la jerarca.

Taylor detalló que en el Hospital San Juan de Dios (HSJD), en San José, se sumaron al movimiento 950 funcionarios, a pesar de que a ninguno se le debían pagos, mientras que en el Hospital Rafael Ángel Calderón, también en la capital, participaron 569 servidores, pero solo el 10% tenía un problema con el salario.

Por lo anterior, la presidenta ejecutiva llamó a las organizaciones de trabajadores que promovieron la huelga a que "piensen en los usuarios".

La jerarca anunció una valoración para conocer si existía fundamento para que esas personas salieran a huelga, así como en los casos en los que no, para eventualmente tomar las acciones que legalmente procedan contra estos últimos.

"Esto dista mucho de las amenazas infundadas por parte de la presidenta ejecutiva de la institución, en donde dijo en conferencia de prensa que iban a valorar la apertura de procedimientos administrativos disciplinarios, porque eso no funciona así. El artículo 371 del Código de Trabajo es claro al indicar que los trabajadores pueden ir a un movimiento de huelga por conflictos económicos y sociales, tal y como el que se está presentando en este momento", señaló por su parte el dirigente sindical Lenín Hernández, en referencia con el proceso legal iniciado por la institución.

El secretario general del Sindicato de Enfermería acusó a Taylor de querer tergiversar los datos relacionados con los participantes de la huelga, pues asegura que, si bien el total de servidores a los que no se les ha pagado puede ser de 482 casos, esa cifra no contempla otros casos en los que se alegan diferencias salariales, entre otros rubros.

Asimismo, Hernández respondió a la jerarca que la normativa laboral avala una huelga frente a conflictos económicos y sociales, al tiempo que hizo ver que, a propósito de la solidaridad a la que ella aludió, hay servicios en los que funcionarios han tenido que organizarse para hacer rifas o recolecciones de víveres para poder ayudar a los compañeros que no reciben sus pagos.

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