El 7% del agua que bombea el AyA se pierde por robo: ¿por qué es tan difícil combatirlo?

Según la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Lourdes Sáurez Barboza, entre un 7% y un 8% de las  pérdidas de agua no contabilizada viene de conexiones ilícitas, es decir, personas que consumen el servicio pero no pagan por él, lo que la institución denomina como robo de agua.

Las estimaciones del AyA detallan que el robo se da sobre todo en la Gran Área Metropolitana (GAM) y no solo en las zonas rurales.

Para la institución, el robo de agua incluye varios casos. Hay empresarios que se conectan a la red madre para abastecer sus proyectos. Hay comunidades que instalan mangueras porque no quieren pagar. Y hay familias que no pueden tramitar un servicio formal porque el terreno está a nombre de otra persona.

Combatir el fenómeno es complejo, reconoce la institución. El primer obstáculo es legal.

Según Sáurez, la normativa vigente solo permite responsabilizar a alguien por robo o uso indebido si se le encuentra en flagrancia. Si la institución llega y las tuberías ya no están, no puede actuar.

El segundo obstáculo es constitucional. El acceso al agua es un derecho humano, y eso complica cualquier desconexión.

“Yo puedo saber que hay una gente que está conectada de forma ilegal, pero si se desconecta, cabe un recurso de amparo”, explicó la presidenta ejecutiva.

Según Sáurez, a veces la Sala Constitucional falla a favor del AyA, pero le ordena instalar una fuente pública cerca de quien se conectó ilegalmente.

Las órdenes del AyA tampoco obligan a nadie a cumplirlas. “Hoy por hoy, el AyA le dice a alguien ‘desconecte’ y no obedecen, porque el AyA realmente no tiene un criterio vinculante”, afirmó.

Sáurez puso de ejemplo un caso en fincas de Coronado y Guadalupe cuyos dueños, según dijo, no tienen problemas económicos. Antes de que llegaran los inspectores del AyA y de la Dirección de Agua, las tuberías ilegales desaparecieron. Tres meses después, aproximadamente, estaban instaladas otra vez.

El AyA detectó la reconexión con su sistema de monitoreo de tanques, que cubre gran parte de la GAM. Ese sistema registra caídas extrañas en el nivel del agua.

Algo parecido ocurre en el tanque de Pavas. Algunas noches, las tomas ilegales lo dejan sin agua, y recuperar el nivel puede tomar unos dos días. Por eso, a veces el servicio se suspende de noche para toda la comunidad.

La jerarca atribuye el problema a los asentamientos informales, al desorden territorial, a la falta de control de las municipalidades y a una normativa débil. También señaló que el AyA vive de vender agua y no recibe transferencias del Estado, así que cada litro robado le quita ingresos.

El robo también afecta la calidad del servicio. Las conexiones ilícitas vacían tanques y sistemas, y los primeros en tomar el agua suelen ser quienes están conectados ilegalmente en las partes más bajas de la red.

“Aquí la actitud es que la gente que sí paga se queda sin servicio y la gente que no paga quizás tiene mejor servicio”, lamentó Sáurez.

Aun así, la presidenta ejecutiva descartó cortar el agua de golpe en los asentamientos más vulnerables, donde viven niños y adultos mayores; afirma que también es un tema humanitario. Prefiere invertir en traer agua de otras fuentes y redistribuirla por la red.

La salida que propone el AyA es una reforma a su ley constitutiva, que según Sáurez busca dos cosas. La primera es que el robo de agua se trate con más seriedad. La segunda es darle a la institución poder para desconectar y que sus órdenes sean obligatorias. Como el AyA es una institución autónoma, el texto necesita el visto bueno de varias entidades antes de llegar a la Asamblea Legislativa, y en esa etapa está ahora.

Mientras tanto, se acerca El Niño, que suele reducir los caudales en el país. Sáurez dijo que las conexiones ilícitas tienen “un gran impacto” en este escenario. Desde el verano, el AyA trabaja en interconexiones y trasvases para reforzar los sistemas.

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