Una decena de muelles artesanales que eran utilizados para el tráfico de drogas en propiedades del Estado fueron destruidos, la mañana de este martes.
Lo anterior en una operación liderada por la Fiscalía Adjunta de Limón y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que tiene como objetivo la recuperación de bienes muebles públicos.
Estas estructuras eran utilizadas para el atracadero de embarcaciones que transportaban sustancias ilícitas.
De igual manera, estas se usaban en la extracción ilegal de combustible del poliducto de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Los muelles se situaban en terrenos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), por lo que, tras la notificación sobre la usurpación de los terrenos estatales, se procedió con los trabajos para lograr que las propiedades regresaran a su estado original.
Quienes ocupaban esos espacios (moradores) poco a poco abandonaron los terrenos de forma voluntaria, tras las comunicaciones realizadas en el marco de la aplicación del artículo 140 del Código Procesal Penal.
Dicha norma señala que, en cualquier etapa procesal de un proceso penal y a solicitud de la parte ofendida, un órgano jurisdiccional puede ordenar como medida provisional el restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes de que se materializara un hecho, siempre que existan elementos suficientes para así decidirlo.
En estos casos, las determinaciones fueron dictadas por el Juzgado Penal de Limón, a solicitud del Ministerio Público.
Para este tipo de diligencias es necesario un estudio forense que permita determinar la invasión de áreas protegidas o de propiedades del Estado; e informes del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
De esta manera, se identifica la afectación ambiental o patrimonial, misma que se expone ante el órgano jurisdiccional respectivo al momento de la solicitud de restauración.