Defensoría pide evaluar riesgos del Acuerdo Transpacífico para agricultores y ganaderos

La Defensoría de los Habitantes pidió evaluar los posibles efectos de la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), ante los riesgos que podría representar para agricultores, ganaderos y comunidades rurales.

La institución inició una investigación para determinar si las condiciones negociadas y los estudios disponibles permiten anticipar las consecuencias económicas y sociales del acuerdo.

Para ello, solicitó al Ministerio de Comercio Exterior (Comex) la documentación relacionada con el proceso.

La Defensoría advirtió que un aumento de las exportaciones o de la producción nacional no necesariamente se traduce en beneficios para todos los sectores. Algunas actividades y comunidades podrían enfrentar pérdidas de ingresos y empleo, incluso si la economía registra crecimiento.

“Entendemos que las decisiones comerciales pueden representar oportunidades para el país, pero también es nuestra responsabilidad velar porque sus posibles efectos sobre las personas sean debidamente valorados. Por eso hemos solicitado información al Ministerio de Comercio Exterior para conocer los estudios realizados, los posibles impactos y las medidas previstas para proteger a los sectores que podrían verse afectados.

“Por eso, la investigación busca identificar quiénes podrían aprovechar las oportunidades comerciales y cuáles sectores enfrentarían mayores costos, así como las políticas necesarias para distribuir los beneficios de manera más equitativa”, explicó la defensora, Angie Cruickshank.

Preocupación por el empleo y las comunidades rurales.

La revisión se concentrará en las pequeñas unidades productivas, la agricultura familiar, las mujeres rurales, las personas jóvenes y quienes trabajan en actividades agrícolas y ganaderas.

La Defensoría también analizará posibles consecuencias para otros negocios vinculados con la producción rural, como el transporte, el procesamiento y la comercialización de alimentos. Una reducción de estas actividades podría afectar el consumo de las familias productoras y agravar las desigualdades entre regiones.

La institución busca determinar si los estudios identifican los riesgos según la zona y la actividad económica, tomando en cuenta las diferencias en acceso al crédito, tecnología, infraestructura y mercados.

Otro aspecto bajo análisis es el impacto que tendría el acuerdo sobre la capacidad del país para producir alimentos, la estabilidad del abastecimiento y el acceso de los hogares a una alimentación adecuada.

La Defensoría también examinará si las eventuales reducciones arancelarias se reflejarían en los precios que pagan las personas consumidoras y cómo podrían afectar los ingresos de las familias productoras.

La institución considera necesario determinar si la adhesión al tratado estaría acompañada de políticas públicas suficientes, financiadas y oportunas para apoyar a los sectores que podrían enfrentar dificultades.

Esta investigación no adelanta conclusiones sobre los efectos de la adhesión al Acuerdo Transpacífico.