De pagos irrisorios a expulsar a sus dueños: así toman propiedades para búnkers

Los grupos criminales dedicados al narcotráfico utilizan distintas estrategias para apropiarse de viviendas y convertirlas en puntos de venta de droga. 

Desde ofrecer sumas de dinero muy por debajo del valor real de una propiedad hasta amenazar a sus propietarios para obligarlos a abandonarla, son parte de las prácticas que ha identificado el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Uno de esos casos ocurrió en Linda Vista de La Unión, donde, según relató Vladimir Muñoz, subdirector en ejercicio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un grupo criminal se apropió de la vivienda de un adulto mayor. 

La propiedad estaba ubicada en una de las alamedas de esa comunidad, descrita por el funcionario como una zona conflictiva y tomada por una organización que ha sido investigada por las autoridades.

La casa estaba alquilada, pero las personas que vivían allí tuvieron que marcharse. Posteriormente, el grupo criminal tomó posesión del inmueble y dejó de pagar cualquier monto por utilizarlo. Una sobrina del propietario, quien era la única familiar interesada en revisar la vivienda y recuperarla, llegó al lugar.

“La muchacha llegó con la intención de recuperar la casa, era del tío y ella era la única representante, o persona familiar que estaba interesada, y se dio un incidente donde ella falleció dentro de la vivienda”, relató Muñoz. El subdirector confirmó que, en ese caso, los delincuentes no pagaron absolutamente nada por apropiarse de la propiedad.

El caso al que hace referencia el jerarca policial ocurrió la tarde de un miércoles, en diciembre del 2025, alrededor de las 6 p. m. La mujer era de apellido Legaspy.

Durante un intercambio con los ocupantes se produjo una discusión. Según la versión preliminar del OIJ, uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones en la cabeza.

La mujer fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, donde falleció a las 10:30 p. m. de ese mismo día.

Pero no todas las apropiaciones ocurren sin ofrecer dinero. El OIJ también ha identificado casos en los que los grupos criminales ofrecen cantidades muy inferiores al valor de mercado de las viviendas, con la condición de que sus propietarios abandonen el inmueble.

Muñoz mencionó como ejemplo propiedades en sectores como María Reina, Hatillo y Aguantafilo. 

“Una propiedad que tal vez cuesta ₡10 millones, ₡15 millones, simplemente les dan ₡1 millón, ₡2 millones y váyase”, explicó. Se trata de pagos que representan una pequeña fracción del valor real de los inmuebles.

La presión puede ser todavía mayor cuando los propietarios se niegan a salir. “Esto es lo que le damos si se va, y si no, igual vamos a tomar la vivienda, y asumen las consecuencias”, describió Muñoz sobre la forma en que operan estos grupos. 

El OIJ ha identificado esta dinámica en comunidades como Lindavista y Tirrases. Según el subdirector, algunas personas terminan abandonando sus viviendas después de adquirir préstamos informales bajo la modalidad gota a gota con grupos criminales, mientras que otras son expulsadas directamente mediante amenazas.

Una vez que los propietarios salen, los delincuentes utilizan las casas como búnkers, sin realizar necesariamente un traspaso legal de los inmuebles.

Recuperar esas propiedades tampoco es un proceso sencillo. El OIJ debe realizar estudios registrales, coordinar con la Fiscalía y gestionar autorizaciones judiciales o administrativas para intervenir los inmuebles. 

Muñoz explicó que, cuando se trata de propiedades privadas, el procedimiento puede tardar entre tres y seis meses o incluso más. Mientras tanto, la institución mantiene las intervenciones policiales hasta conseguir recuperar los espacios y devolver las propiedades a sus dueños originales.

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