El Ministerio de Justicia aseguró que el Estado invierte cerca de ¢75.000 mensuales en la alimentación de cada persona privada de libertad. La cifra surge en medio de la entrada en vigor de una nueva directriz que restringe el ingreso de encomiendas con alimentos a los centros penales.
A partir de junio, las personas privadas de libertad solo podrán recibir un máximo de dos tazas de comida durante los días de visita. La medida elimina la práctica de recibir varias encomiendas diarias, las cuales podían alcanzar hasta 15 tazas de alimentos por día (ver video adjunto en la portada).
El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, afirmó que la decisión responde a criterios de seguridad. Según explicó, los informes de inteligencia penitenciaria identifican las encomiendas como una de las principales vías de ingreso de drogas a los centros penales.
“Nosotros estamos identificados por inteligencia penitenciaria, que es donde entra la mayor cantidad de droga a los centros penales”, señaló Aguilar.
El jerarca indicó que el sistema penitenciario tiene capacidad para suministrar los cinco tiempos de comida diarios a toda la población privada de libertad. Actualmente, el sistema atiende a unas 20.000 personas.
Aguilar explicó que la preparación de alimentos para toda la población era obligatoria, independientemente de si algunos privados de libertad recibían comida desde el exterior. Según dijo, esta situación generaba un importante desperdicio de alimentos.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la alimentación diaria incluye desayuno, una merienda a media mañana, almuerzo, una merienda vespertina y cena.
Para el desayuno se entregan dos bollitos de pan. La merienda de media mañana consiste en una fruta. El almuerzo incluye arroz, frijoles, proteína o picadillo con proteína, ensalada y refresco. En la tarde se entrega una galleta con café. La cena mantiene una composición similar a la del almuerzo.
El ministro detalló que el costo de alimentación ronda los ¢75.000 mensuales por persona. Esto representa aproximadamente ¢900.000 al año por cada privado de libertad.
Aguilar agregó que el costo total de atención de una persona privada de libertad oscila entre $1.000 y $1.100 mensuales. Ese monto contempla alimentación, atención médica, apoyo psicológico, orientación y servicios legales.
El Ministerio de Justicia indicó que las personas con padecimientos médicos o necesidades nutricionales específicas reciben dietas especiales. La asignación depende de una valoración realizada al momento del ingreso al sistema penitenciario y de la certificación de la condición de salud.
La nueva directriz ya se encuentra vigente y deberá ser acatada por todas las personas que visiten a privados de libertad en los centros penales del país.