Crimen organizado: el patrón que une al caso “Azteca” con “Cochinilla”

Hace cinco meses, el 14 de junio pasado, el país despertó con la noticia del escándalo de corrupción más grande de los últimos años: 57 allanamientos simultáneos y 29 personas detenidas en una operación conjunta que se bautizó como el caso “Cochinilla”.

La supuesta red de influencias y favores entre funcionarios públicos y empresas constructoras habría generado una laguna financiera de ₡78 mil millones a partir de licitaciones amañadas y contrataciones a dedo en favor de empresarios privados: el mismo modelo que hoy sacude a Acueductos y Alcantarillados.

Con 37 allanamientos y 24 detenidos, hasta ahora, las similitudes entre “Cochinilla” y el ahora bautizado caso “Azteca” tienen un común denominador: el crimen organizado. 

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El amplio operativo orquestado hoy entre el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público apuntan nuevamente a la participación de funcionarios públicos que les abren la puerta a empresas privadas; “Cochinilla” a empresas constructoras, “Azteca” al lavado de dinero.

“Es el mismo modelo de penetración de intereses particulares, de corrupción o crimen organizado en las instituciones públicas. En este caso es el lavado de dinero y el narcotráfico; en Cochinilla son las empresas corruptas, pero igual es crimen organizado en ambos casos”, aseguró el diputado del Frente Amplio, José María Villalta.

El legislador es precisamente parte de la comisión legislativa que investiga “Cochinilla” y que ha enfilado sus esfuerzos para tratar de identificar los portillos que permiten la penetración del crimen organizado en la función pública.

“Por supuesto que hay lecciones aprendidas, la primera debería ser la necesidad de fortalecer las herramientas para luchar contra la corrupción, la segunda poner el foco en los procesos de contratación pública.

“Claramente aquí podemos identificar que hay un patrón: las redes de crimen organizado que buscan funcionarios corruptos para amañar licitaciones y facilitar contrataciones públicas hechas a la medida. Esto obviamente tiene una parte en lo público, pero otra en lo privado, y ese abordaje es el que hay que tener claro”, dijo Villalta.

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Franggi Nicolás, diputada liberacionista y también parte de esa comisión legislativa, aceptó que el modelo de operación en ambos casos es idéntico, pero subrayó que, para ella, el caso “Azteca” es mucho peor.

“Ambos casos son graves pero, en el caso “Azteca”, ver cómo carteles legitiman capitales con fondos públicos es la peor burla, el peor de los actos, ya es el colmo que el narcotráfico legitime con fondos del Estado.

“Yo siempre he defendido que con Cochinilla estábamos viendo la punta del iceberg en una práctica que ya es recurrente. Lo que se evidencia aquí es que hay muchos vacíos legales y que hay que hacer una reingeniería para evitar que esto siga pasando”, aseveró la legisladora.

Tanto Villalta como Nicolás afirmaron que, pese al poco tiempo que le resta a esta legislatura (acaba en mayo), el Poder Legislativo no debería renunciar a su control político y por lo tanto investigar el caso, o al menos iniciar con ese proceso.

“Yo voy a conversar con los compañeros de la comisión para valorar la posibilidad de que se incluya el tema dentro de la misma comisión Cochinilla, o sino valorar la posibilidad de hacerlo en la de ingreso y gasto. Bajo ninguna óptica me parece bueno no meternos con ese tema y asumir el riesgo de que el tema se enfríe para mayo próximo”, finalizó Villalta.

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