Tras el acuerdo del Gobierno de Costa Rica con Google, el país espera integrar herramientas de inteligencia artificial en servicios públicos como salud, educación y seguridad.
Sin embargo, uno de los principales retos está en la forma en que actualmente se administran y comparten los datos entre las instituciones del Estado (ver video adjunto en la portada).
De acuerdo con el experto Jaime Figueres, existe un rezago en los sistemas de información. Cada institución opera con bases de datos independientes que no necesariamente se comunican entre sí.
Esta desconexión dificultaría la creación de sistemas unificados y seguros que permitan aprovechar las herramientas de inteligencia artificial.
"El tema de datos y privacidad de datos siempre va a ser sumamente relevante, independientemente con qué aliados estratégicos se trabaje. Creo que el Estado costarricense todavía tiene mucho pendiente en ese aspecto.
"Tenemos sistemas que no son interoperables, tenemos hilos de datos en distintas instituciones que no se conversan, hay software delegado, lo que se llama el software delegacy. Entonces hace falta mucho incluso para poder llevar el país a estar actualizado a la fecha", explicó Figueres.
El manejo de información también plantea interrogantes sobre la privacidad y la protección de los datos de la población, especialmente ante la participación de una de las compañías tecnológicas más grandes del mundo.
Pero Figueres considera que Google cuenta con mecanismos de responsabilidad para el manejo de esta información.
"Google es una empresa muy responsable. Es una empresa que invierte fuerte, que ayuda a desarrollar el tema de infraestructura, el tema energético y conocen muy bien cómo generar retorno de inversión en organizaciones. De todos los aliados estratégicos para un tema de implementar I.A. en el sector público creo que es de los mejores".
Por ahora, el Gobierno no ha anunciado cuáles serán los primeros proyectos que se implementarán en las instituciones públicas como parte de la alianza con Google.
El desafío será contar con sistemas capaces de conectar los datos de las diferentes instituciones, establecer mecanismos de seguridad y garantizar una adecuada protección de la información antes de ampliar el uso de inteligencia artificial en los servicios públicos.