Comercio ilícito mueve ₡1 billón al año en Costa Rica

El decomiso de perfumes, cosméticos, alimentos, bebidas y productos cárnicos en dos comercios de San José volvió a poner sobre la mesa una problemática que, según el sector comercial, genera millonarias pérdidas para la economía nacional: el comercio ilícito.

La mercancía fue incautada por la Policía de Control Fiscal debido a que los establecimientos no pudieron demostrar el ingreso legal de los productos al país mediante la documentación correspondiente.

Sin embargo, este caso representa apenas una pequeña muestra de una actividad mucho más amplia.

Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Costa Rica, el comercio ilícito de mercancías mueve alrededor de ₡1 billón al año, una cifra equivalente a cerca del 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB).

La problemática abarca una amplia variedad de artículos, entre ellos cosméticos, alimentos, bebidas, cigarrillos, licores, ropa, calzado, electrodomésticos y otros bienes de consumo.

Sector pide más controles

Pese a los operativos que realizan las autoridades, representantes del comercio formal consideran que es necesario fortalecer las acciones contra el contrabando y endurecer las sanciones para quienes participan en estas actividades.

Uno de los principales reclamos es la reincidencia detectada en algunos casos.

De acuerdo con las autoridades, la mayor parte de la mercancía decomisada termina siendo destruida, salvo que los responsables logren demostrar su procedencia legal y presentar la documentación requerida.

Hacienda prepara reforma

Como parte de los esfuerzos para combatir la evasión fiscal y el comercio ilegal, el Ministerio de Hacienda trabaja en un proyecto de ley que busca modificar la legislación aduanera.

La iniciativa pretende fortalecer las herramientas con las que cuentan las autoridades para combatir el contrabando y reforzar los mecanismos de control sobre el ingreso de mercancías al país.

Mientras la propuesta avanza, las autoridades aseguran que continuarán desarrollando operativos e inspecciones para detectar productos de origen irregular y proteger tanto la recaudación tributaria como a los comercios que operan dentro de la legalidad.