Caso "Cochinilla": Tras casi 1.500 días desde los allanamientos, aún no hay audiencia preliminar

A cuatro años de que estallara el denominado caso “Cochinilla”, el proceso judicial que implica a grandes constructoras y funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no ha logrado avanzar más allá de su etapa preliminar. 

La magnitud del expediente, la multiplicidad de imputados, así como recursos pendientes de resolución, han impedido que se señale una audiencia preliminar, según confirmaron el Ministerio Público y el Poder Judicial a Teletica.com.

El caso “Cochinilla” se dio a conocer públicamente el 14 de junio de 2021 con la ejecución de 57 allanamientos simultáneos, dirigidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA). En aquel operativo participaron más de 500 agentes y se detuvo a 30 personas. 

Sin embargo, la investigación involucra ya a unos 80 imputados, entre ellos los dueños de las empresas constructoras MECO y H. Solís: Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, respectivamente.

Avance judicial fragmentado

El expediente principal, bajo el número 19-000025-1218-PE, sigue en etapa de investigación. En paralelo, un testimonio de piezas generado a partir de esta causa, identificado como 24-000130-1218-PE, sí ha logrado cerrar fase indagatoria con dos acusaciones formales contra 12 personas. En este último, el Ministerio Público señala a funcionarios del Conavi y representantes de las constructoras MECO y H. Solís por los presuntos delitos de cohecho propio y penalidad del corruptor.

La primera de las acusaciones refiere a actos ilícitos entre funcionarios públicos y personeros de MECO, en los que se habrían entregado dádivas a cambio de favorecer el pago expedito de facturas millonarias. La segunda acusación involucra a la empresa H. Solís, la cual, presuntamente, habría entregado beneficios indebidos para manipular presupuestos institucionales a su favor.

Entre los acusados figuran Carlos Cerdas Araya (MECO), Mélida Solís Vargas (H. Solís), así como exfuncionarios del Conavi identificados como Solís Murillo, Carmona Rivas, Meléndez Cerdas y Zúñiga Fallas. También se señalan particulares con apellidos Bolaños Salazar, González Carballo, Arce Alpízar, Naranjo Vargas, Abarca Quesada y Godínez Abarca.

A pesar de esta segmentación del caso, la audiencia preliminar para el expediente 24-000130-1218-PE tampoco ha sido señalada. Según confirmó la oficina de Prensa del Poder Judicial a este medio, “se presentó una gestión, por ello se confirió una audiencia por el plazo 24 horas a las partes intervinientes. Por dicho planteamiento, aún no se ha señalado audiencia para resolver la apelación”.

Francisco Campos, abogado defensor de MECO y H. Solís, explicó a este medio la complejidad que ha implicado este proceso y los factores que mantienen estancado su avance.

“Seguimos en la etapa preliminar de investigación, están pendientes algunos recursos de apelación que se han presentado, unos hace un par de años y otros recientemente, porque conforme se han traído nuevos imputados al proceso, se vuelve a abrir la fase recursiva para todos”, indicó Campos.

Campos detalló que aún existen recursos contra la declaratoria de crimen organizado, así como contra medidas como intervenciones telefónicas y allanamientos. También están pendientes informes específicos solicitados a la Sección de Crimen Organizado. A eso se suma la apertura de equipos electrónicos decomisados desde los allanamientos de 2021, que todavía no se ha realizado en su totalidad.

“Lo único es que cuando se indagó a imputados sobre varios eventos y hechos, hay un par de esos que ya concluyó y el Ministerio Público ya acusó, se hizo un testimonio de piezas y está para señalamiento para audiencia preliminar”, agregó Campos.

Respecto al ritmo del proceso, el abogado fue claro y dijo lo siguiente:

“Creo que todavía faltan un par de años para la etapa de investigación. Actualmente, hay como 80 imputados. Puedo decir que el avance ha sido lento, el sistema no estaba preparado para un caso donde hay 80 imputados, 60 abogados y es muy complicado coordinar agendas, las audiencias se han programado en horario vespertino, de 5 p. m. a 9 p. m., porque a veces los colegas están fuera del país o en otras audiencias”.

Un caso sin precedentes

El caso “Cochinilla” nació a partir de denuncias e informes confidenciales que alertaron sobre posibles irregularidades en contrataciones públicas para infraestructura vial. La investigación inició en agosto de 2018 y destapó un entramado de presunta corrupción que incluye la manipulación de licitaciones, el pago de sobornos y la malversación de fondos públicos.

Las medidas cautelares para los imputados han variado a lo largo de los años. Carlos Cerdas y Mélida Solís estuvieron en prisión preventiva y luego en arresto domiciliario. Actualmente, todos los involucrados deben mantener domicilio fijo y tienen prohibido comunicarse con testigos del caso.

A cuatro años del operativo que sacudió los cimientos del sector de infraestructura en Costa Rica, el caso continúa sin definiciones judiciales firmes. Con decenas de imputados, recursos pendientes, peritajes inconclusos y una audiencia preliminar aún sin fecha.

“Cochinilla”, como se le denominó a este caso por parte de los agentes de la Sección de Anticorrupción, su nombre se inspiró en un insecto, el cual se encuentra oculto en partes oscuras de las plantas y que poco a poco las daña, sin ser detectado fácilmente. Poniendo en contexto con el caso en investigación, sería como se fueron fraguando los aparentes actos de corrupción ocultos detrás de mecanismos que tratan de no evidenciar su actuar nocivo.

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