Nacional
CCSS se adentra en un diciembre crítico
La institución administradora de los hospitales públicos busca soluciones ante la inminente renuncia masiva de especialistas. Simultáneamente, su presidenta ejecutiva titular intenta regresar.
El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública ratificó, este lunes, la suspensión de Marta Esquivel como presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La decisión de la jueza Ivannia Delgado fue confirmada por la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia.
Con esta determinación, la abogada de profesión seguirá separada de su puesto mientras se le investiga por los supuestos de tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y prevaricato, en el caso policialmente conocido como Barrenador.
Inicialmente, esa medida le fue impuesta a Esquivel por el Juzgado Penal de la misma jurisdicción, el 10 de octubre anterior y por los seis meses siguientes.
Sin embargo, tanto la jerarca como su defensa técnica apelaron la resolución, lo que llevó al Tribunal Penal —como instancia superior al Juzgado Penal— a fijar una audiencia para escuchar y resolver siete recursos contra la resolución de hace dos meses.
La vista se llevó a cabo entre el 5 y 6 de diciembre pasados.
El resto de gestiones correspondían a las representaciones legales de los directivos Isabel Camareno (Estado), Johnny Gómez (patronos) y Zerith Rojas (patronos), así como la gerente general de la institución, María de los Ángeles Gutiérrez.
La decisión en torno a Esquivel ahora genera dudas sobre su futuro político, pues, luego de que la Sala Constitucional descartara vicios en su detención y rechazara anular el allanamiento en su casa, el presidente Rodrigo Chaves nombró provisionalmente a Laura Ávila en su lugar.
Esta última fungía como jefa de despacho de la titular en el cargo, desde que esta dejó la Corte Suprema de Justicia para atender los llamados del mandatario: primero como ministra de Trabajo y Seguridad Social, y segundo como presidenta ejecutiva de la Caja de Seguro Social.
Tanto Esquivel como otras siete personas figuran como sospechosas de intervenir en una licitación para supuestamente favorecer la compra de servicios médicos a cuatro cooperativas y una asociación, con aparentes sobreprecios.
Así, también quedaron en firme las suspensiones de Camareno, Gómez, Rojas y Gutiérrez.
Durante la audiencia en cuestión también se discutió, por primera vez, un documento revelado por Telediario el 3 de diciembre anterior.
Se trata de un presunto borrador del Área de Contabilidad de Costos de la Caja de Seguro Social, que según el reportaje, evidencia los ahorros derivados de la contratación de las cooperativas y la asociación, en la administración de 10 áreas de salud y 138 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis). La nota apunta que ese documento fue omitido o ignorado la pesquisa que se lleva a cabo contra Marta Esquivel.
No obstante, tan solo un día después de publicado el artículo, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) indicó en un comunicado que dicha prueba fue descartada por el Tribunal Penal de Hacienda.
El Ministerio Público defendió que la documentación que sustenta la investigación ha sido analizada por entes técnicos y la propia Contraloría General de la República (CGR).
Toda esta ha sido obtenida por medios oficiales, como el Sistema Integrado de Compras Públicas (SCIOP); incluido el único Estudio de Razonabilidad de Precios del 8 de abril de 2024 y su ampliación de dos días más tarde.
Precisamente, la Dirección Financiera del ente que vela por la seguridad social refirió que los únicos documentos formales que emitió son aquellos que constan en el procedimiento 2023LY-000002-0001101142 y que "no existe documentos previos oficiales" sobre el tema en cuestión. De esta forma, esa área rechazó que exista el referido borrador.
A pesar de lo anterior, la Fiscalía ordenó el secuestro de la prueba para investigar su proveniencia y hacer el análisis de la misma como evidencia.