Casi cinco meses después de la toma del edificio de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica por parte de los estudiantes, el ente educativo aún no encuentra culpables.
Desde el pasado 22 de abril y hasta el 15 de mayo de este 2026, el Movimiento Estudiantil Autónomo (MEA) tomó el edificio a modo de protesta por la falta de acuerdos en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES 2027).
Según informó la UCR tras consulta de Teletica, los daños provocados y costos asociados ascienden a ₡42.465.854,02, esto luego de las inspecciones técnicas, levantamientos notariales y otras diligencias realizadas una vez recuperadas las instalaciones.
Pese al monto estimado, la universidad señala que no ha cobrado estos costos a personas determinadas, debido a que hasta ahora no ha sido posible establecer, con el sustento probatorio requerido, quién o quiénes realizaron cada una de las acciones que provocaron los daños o afectaciones.
Por estos hechos existen dos procesos penales en curso, en los cuales la universidad figura como ofendida. Ambos expedientes se siguen por el delito de daños agravados y se encuentran en etapa de investigación.
“En el marco de estas investigaciones, la Universidad ha puesto a disposición de las autoridades competentes la información, documentación y elementos probatorios recopilados y ha brindado la colaboración requerida para el esclarecimiento de los hechos”, manifestó la institución académica.
Será el proceso judicial el que permita determinar las circunstancias de los hechos, individualizar las conductas y establecer las eventuales responsabilidades penales.
La UCR también señala que esto no significa que renuncie a reclamar el resarcimiento de los daños patrimoniales que sean acreditados, una vez que existan elementos suficientes para determinar las responsabilidades correspondientes.
Tampoco hay sanciones disciplinarias
En el ámbito interno, tampoco se han impuesto sanciones disciplinarias relacionadas con estos hechos.
Según explicó la institución, aunque se pueda identificar a personas que participaron o permanecieron durante la ocupación, esto no permite atribuirles automáticamente la responsabilidad por daños, sustracciones u otras conductas específicas.
Por ello, hasta ahora no se cuenta con los elementos necesarios para formular imputaciones disciplinarias concretas.
“De obtenerse elementos suficientes para individualizar eventuales responsabilidades disciplinarias, corresponderá proceder conforme al régimen aplicable y ante los órganos universitarios competentes”, añadieron.
Los más de ₡42 millones contabilizados se dividen, de momento, en ₡19.828.792,45 corresponden a trabajos de reparación, limpieza, recuperación y mantenimiento correctivo de la infraestructura.
Otros ₡21.387.061,57 están relacionados con afectaciones y costos atendidos por la Sección de Seguridad y Tránsito, incluidos sistemas de seguridad y recursos extraordinarios requeridos durante la atención de la situación.
Además, la institución reportó ₡1.250.000 en bienes institucionales faltantes.
Tras esta toma de Rectoría, la UCR adoptó nuevas medidas de seguridad como fortalecimiento de la seguridad perimetral, controles de ingreso, recuperación y revisión de los sistemas de videovigilancia, así como control de acceso.