El fiscal general de la República, Carlo Díaz, advirtió que el recorte presupuestario que enfrenta el Ministerio Público podría dejar a la Fiscalía de Narcotráfico sin capacidad para asumir nuevos casos, al perder 25 plazas de su personal.
"La Fiscalía de Narcotráfico, con 25 personas menos, es prácticamente cerrarla y mantener abierta la actividad que ya habíamos creado anteriormente. No daría para investigar más delitos a futuro, simplemente tendríamos que mantener la actividad que ya teníamos", explicó el jerarca en entrevista con el programa '7 Días'.
Díaz detalló que, de aplicarse el recorte, esa Fiscalía únicamente podría sostener labores ya en curso, como solicitar prisiones preventivas y realizar los juicios y audiencias previamente programados, sin margen para abrir nuevas investigaciones.
"Y por supuesto, ¿quién gana en esto? Los narcotraficantes y el crimen organizado", enfatizó.
El fiscal general señaló que otras dependencias del Ministerio Público también resultarían gravemente afectadas, como la Fiscalía de Cibercrimen y la Fiscalía de Delitos Ambientales, las cuales, según explicó, quedarían funcionando "prácticamente a la mitad" ante la pérdida de personal.
Los vehículos que el Instituto Costarricense sobre Drogas ahora asignó a la lucha contra el crimen organizado eran los únicos con los que contaba la Policía Municipal de Puriscal, que ahora corre el riesgo de quedar paralizada.
"Es contradictorio. Como se dice coloquialmente, es como dispararse al pie a uno mismo. Eso es lo que estamos haciendo, quitándole los recursos al Poder Judicial para que investigue el crimen organizado, para que investigue los delitos y pretender obtener resultados positivos", enfatizó el máximo jerarca del Ministerio Público.
Las declaraciones del fiscal general se dan en medio de una tensa discusión entre el Poder Judicial y el Gobierno por el presupuesto 2027 de esa institución.
El pasado 16 de setiembre, el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, calificó ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa el recorte planteado por el Ministerio de Hacienda como un "mazazo a la democracia" y una "afectación severa al Estado de derecho".
Según explicó, la disminución de ₡10.542 millones, sumada al congelamiento de otros ₡29.843 millones sujetos a condiciones definidas por Hacienda, tendría un impacto directo en la prestación de justicia.
"Esos efectos van a recaer en los usuarios, ya no podrán hacerse allanamientos, las audiencias tendrán que suspenderse e incluso cerrar juzgados, porque si no podemos utilizar una plaza de un juez que es interino, tendremos que cerrarlo", advirtió el magistrado.
Aguirre exigió además eliminar cuatro normas presupuestarias que calificó como "atípicas e inconstitucionales", al considerar que buscan convertir a la Asamblea Legislativa en "coadministrador" de los recursos del Poder Judicial.
El diputado frenteamplista José María Villalta cuestionó si estas condiciones podrían utilizarse para obstruir investigaciones contra altos cargos señalados por corrupción o crimen organizado, mientras que la liberacionista Ángela Aguilar adelantó que ya presentó mociones para eliminar esas normas y que tiene lista una consulta de constitucionalidad en caso de que no prosperen.
Según el Poder Judicial, de aprobarse el presupuesto en los términos actuales, las afectaciones comenzarían a sentirse a partir de febrero, con riesgo de una parálisis parcial o total de la institución.