La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió el martes (15.09.2026) a las autoridades de Estados Unidos que eviten la deportación del periodista nicaragüense Luis Galeano, detenido el lunes en Florida por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), y que le garanticen un proceso justo y acceso a defensa legal.
"La detención de Luis Galeano demanda una respuesta que tome en cuenta su condición de periodista perseguido y exiliado", afirmó el presidente de la SIP, Pierre Manigault.
Galeano, de 48 años y director del programa de opinión Café con Voz, fue detenido en Orlando, Florida, mientras trabajaba como conductor de Uber, según contó su esposa, Deykell Santamaría.
Santamaría dijo al medio nicaragüense 100% Noticias que el periodista será trasladado a un centro de detención de migrantes en el condado de Baker, y que tiene una audiencia fijada para el 2 de octubre. El ICE no ha explicado públicamente los motivos del arresto.
"Una eventual deportación podría colocarlo frente a los riesgos que precisamente lo obligaron a huir", advirtió la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos.
La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar también pidió el lunes que no sea deportado: "Luis no puede terminar en manos de la misma dictadura que lo persiguió".
"Luis es un periodista respetado que pagó un precio muy alto por decirle la verdad al mundo sobre la dictadura Ortega-Murillo. El régimen lo persiguió, lo empujó al exilio y hasta le arrebató su nacionalidad", afirmó Salazar.
Galeano salió de Nicaragua en diciembre de 2018, después de que un juez de Managua ordenara su arresto, y solicitó asilo en Estados Unidos en 2019.
En febrero de 2023, la justicia nicaragüense lo declaró "traidor a la patria" y lo despojó de su nacionalidad y de sus bienes, junto con varias decenas de personas críticas con el gobierno de Daniel Ortega, entre ellas los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
El periodista trabajó en el desaparecido periódico El Nuevo Diario y fue redactor de la delegación de EFE en Nicaragua entre 2004 y 2006. También fue corresponsal de la agencia AP en Managua hasta su salida del país a fines de 2018.
La SIP sitúa a Nicaragua entre los casos más graves para la libertad de prensa en la región y documentó en sus informes la persecución de periodistas independientes, el cierre y la confiscación de medios y el exilio forzado de comunicadores en los últimos ocho años.