El bloqueo petrolero que Estados Unidos impone a Cuba desde enero representa una "privación energética" de "consecuencias graves" para los derechos humanos y el desarrollo de la isla, advirtieron este jueves expertos de la ONU.
Además del embargo decretado en 1962 y que sigue en vigor, Washington, que no disimula su deseo de que se produzca un cambio de régimen en la isla, somete a Cuba a un bloqueo petrolero desde enero. Desde entonces, solo ha permitido la llegada de un petrolero, ruso.
Desde finales de enero, la actividad de la isla, de 9,6 millones de habitantes, está prácticamente paralizada.
"Cuba está sometida a una privación energética impuesta por Estados Unidos, una situación en la que la falta de carburante paraliza el funcionamiento de los servicios esenciales necesarios para una vida digna", consideraron los tres expertos en un comunicado.
Según ellos, que cuentan con un mandato del Consejo de Derechos Humanos pero no se expresan en nombre de la organización, "este bloqueo ilegal perturba no solo la vida cotidiana, sino que también atenta contra el disfrute de un largo abanico de derechos humanos".
Los expertos consideran que el decreto presidencial adoptado en enero por el presidente Donald Trump, basado en la supuesta "amenaza extraordinaria" que representaría Cuba para la seguridad nacional de Estados Unidos, "ha agravado fuertemente la escasez de carburante en toda la isla, empujando a los servicios esenciales al borde del precipicio".
"Si bien el decreto alude a preocupaciones en materia de derechos humanos en Cuba, no tiene en cuenta el modo en que (...) esta medida coercitiva unilateral atenta directamente contra el disfrute de los derechos humanos del pueblo cubano", agregaron.
Según ellos, el sistema de salud cubano arrastraría un retraso de más de 96.000 intervenciones quirúrgicas que siguen a la espera -incluidas 11.000 a menores-, mientras que los retrasos en el programa nacional de vacunación han afectado a miles de lactantes.
"Al privar a la población de la energía necesaria para el funcionamiento de los servicios esenciales, este decreto (...) atenta contra sus derechos a la alimentación, la educación, la salud y al agua y el saneamiento", sostuvieron.
"El uso de la privación de energía como herramienta de coerción es incompatible con las normas internacionales en materia de derechos humanos", insistieron.
Los tres expertos afirmaron que "comunicaron oficialmente sus preocupaciones al gobierno de Estados Unidos" y que reclamaron "aclaraciones sobre los fundamentos jurídicos y factuales del decreto".