Los responsables de las agencias migratorias de Estados Unidos comparecen ante el Congreso este martes, después de que la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en Mineápolis desatara una ola de protestas contra la campaña de expulsiones ordenada por Donald Trump.
En medio de la indignación que causaron esas muertes, Trump reconoció que tal vez sea necesario adoptar un "enfoque más suave" en materia de migración.
El gobierno anunció posteriormente algunas medidas, como la retirada de unos 700 agentes de las agencias migratorias desplegados en la región.
Pero la cuestión sigue lejos de resolverse, ya que los demócratas exigen cambios en la forma en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lleva a cabo sus redadas, mientras que la administración de Trump se mantiene firme en cumplir su promesa de deportar a los migrantes en situación irregular.
"El presidente nos encargó las deportaciones masivas y estamos cumpliendo ese mandato", dijo Todd Lyons, director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
"Gracias a los recursos proporcionados por el Congreso, estamos aumentando la capacidad de detención y los vuelos de expulsión a diario. Solo en el último año, hemos llevado a cabo más de 475.000 expulsiones", añadió.
Junto a Lyons testificaron Rodney Scott, director del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, y Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración.
Estas comparecencias se dan en medio de una negociación entre republicanos y demócratas para la financiación del DHS, el único punto pendiente en el acuerdo de financiación alcanzado entre ambos partidos la semana pasada que permitió poner fin a tres días de cierre parcial del gobierno federal.