En Profundidad
En Profundidad: Alcalde de San Carlos dice que crisis en Crucitas es peor de lo que la gente imagina
Juan Diego González señaló que la presencia de coligalleros ya no se concentra únicamente en la finca Vivoyet, sino que se ha extendido hacia otras propiedades de la zona.
Los problemas de seguridad, salud y acceso al agua potable que enfrenta Crucitas son más graves de lo que percibe la mayoría de los costarricenses. Así lo aseguró el alcalde de San Carlos, Juan Diego González, durante una entrevista en En Profundidad, espacio de análisis de Teletica.com donde describió las consecuencias que, según afirmó, ha provocado la expansión de la minería ilegal en la zona (ver video adjunto).
El jerarca municipal explicó que una de las principales afectaciones está relacionada con el abastecimiento de agua potable.
Según indicó, la contaminación y los problemas en las fuentes de agua han obligado al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) a distribuir agua mediante camiones cisterna para abastecer a algunas comunidades cercanas.
En materia de seguridad, González señaló que la presencia de coligalleros ya no se concentra únicamente en la finca Vivoyet, sino que se ha extendido hacia otras propiedades de la zona.
Aseguró que esa situación ha incrementado la preocupación de los vecinos, quienes denuncian robos de ganado y de otros bienes, además del temor que genera la presencia constante de personas vinculadas a la extracción ilegal de oro.
El alcalde insistió en que la problemática ha trascendido el ámbito ambiental y hoy representa un desafío social y de seguridad para todo el cantón de San Carlos.
Durante la entrevista, González también manifestó su respaldo al proyecto de ley impulsado por el Gobierno para otorgar en concesión la finca Vivoyet, donde se concentra buena parte de la actividad minera ilegal.
A criterio del alcalde, una concesión regulada permitiría recuperar el control del terreno, reducir la extracción ilegal y generar un esquema de aprovechamiento del recurso bajo la supervisión del Estado, como parte de una estrategia para enfrentar una problemática que, según afirmó, se ha agravado con el paso de los años.
