Internacional
Bolivia se enfrenta a un "golpe de Estado", dice subsecretario de Estado de EE. UU.
Bolivia se convirtió en un nuevo aliado del gobierno del presidente Donald Trump en América Latina con la llegada al poder de Paz.
Los bolivianos se encuentran en una situación altamente explosiva, y esta es una expresión que debe tomarse al pie de la letra. Los periodistas sobre el terreno informan de que los manifestantes detonan continuamente pequeñas cargas de dinamita para dar más fuerza a sus reivindicaciones.
Las carreteras principales llevan semanas bloqueadas y ahora la situación se agrava en la capital, La Paz. Los manifestantes han irrumpido en edificios públicos y han levantado decenas de barricadas, lo que ha provocado atascos en el transporte de combustible y alimentos y, en algunos hospitales, escasez temporal de botellas de oxígeno.
Los bancos han cerrado y los economistas advierten de que las protestas están sumiendo al país aún más en la crisis. El Departamento de Estado de EE.UU. califica incluso los disturbios como un "intento de golpe de Estado".
Ya antes de las elecciones de octubre de 2025, Boliviaatravesaba una mala situación económica. Debido a la debilidad de las exportaciones, escaseaban las divisas, que se necesitaban urgentemente, por ejemplo, para importar combustible.
Tras casi 20 años de socialismo, con una fuerte influencia estatal en la política económica bajo los mandatos de los presidentes Evo Morales (2006-19) y Luis Arce (2020-25), los bolivianos allanaron el camino para un cambio significativo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Antes de la segunda vuelta, los dos candidatos, más bien de derecha, prometieron reformas económicas.
El favorito inicial, Jorge Quiroga, quería volver a poner a Bolivia en pie con una inyección financiera del Fondo Monetario Internacional. Finalmente, ganó el político de centro-derecha Rodrigo Paz, que había abogado por la modernización del Estado sin ayuda exterior.
La escasez de divisas que se ha prolongado durante años y la elevada dependencia de las importaciones han hecho que la ratio de deuda de Bolivia aumente hasta el 95 por ciento del producto interno bruto en 2025.
Una de las primeras medidas de Paz para consolidar el presupuesto estatal fue considerada razonable por los observadores, pero dolorosa para la población: a finales de año eliminó las subvenciones a la gasolina, lo que provocó que los precios casi se duplicaran. Este repentino aumento, junto con otros factores internos, aceleró la inflación.
En cierta medida, esta se vio aún más avivada por influencias externas, como el aumento de los precios a nivel mundial a raíz de la guerra con Irán. En abril de 2026, según los estadísticos estatales, el poder adquisitivo era un 14 por ciento inferior al del año anterior. Esta elevada tasa de inflación afecta especialmente a los sectores más pobres de la población.
Ante la subida de los precios, los sindicatos reaccionaron exigiendo un aumento salarial y el restablecimiento de las subvenciones a la gasolina. Rápidamente, se formó en torno a esta causa una alianza heterogénea de agricultores, mineros, docentes y trabajadores de otros sectores, así como de grupos indígenas.
El Gobierno cedió ante otra de las reivindicaciones: derogó una ley aprobada apenas un mes antes, según la cual los propietarios de tierras podían pignorar parcelas más pequeñas como garantía para créditos bancarios. Sin embargo, los manifestantes criticaron que, de esta forma, los pequeños agricultores pudieran perder sus tierras a manos de las grandes empresas agrícolas, prácticamente por la puerta trasera.
También se lanzaron llamamientos a la protesta desde el entorno del expresidente Evo Morales. El Gobierno sospecha que se trata de una conspiración. Sin presentar pruebas al respecto, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, calificó a los manifestantes de "agentes políticos" que servirían de trampolín al "cultivador de coca" Morales para su regreso al poder.
El presidente Paz apuesta por el diálogo. El miércoles 20 de mayo anunció una remodelación del gabinete. Paz prometió que el nuevo Gobierno escuchará más. Además, se pretende que los grupos que participan en las protestas se incorporen a la toma de decisiones a través de un "Consejo Económico y Social". Al mismo tiempo, Paz dejó claro que no negociará con "vándalos".
Estados Unidos ya ha respaldado claramente al Gobierno de Paz y ha condenado todos los intentos de desestabilizarlo. Anteriormente, los países vecinos Perú, Chile, Argentina y Paraguay, así como cuatro Estados centroamericanos, emitieron una declaración similar. La UE y cinco embajadas europeas instaron a las partes en conflicto a dialogar en una declaración conjunta.
Una cuestión decisiva que se plantea es si el presidente Rodrigo Paz podrá mantenerse en el poder, y en qué medida los mediadores nacionales o extranjeros pueden abrir un espacio para el compromiso. También se atribuye a Evo Morales una gran influencia para agravar aún más la situación o, por el contrario, para calmarla.