Dignidad humana y deshumanización del condenado

Rodolfo Brenes, doctor en Ciencias Jurídicas.

“Yo estoy del lado de los derechos humanos de las personas honradas, de los inocentes, de las víctimas, no de los delincuentes”. Esa frase la escuchamos cada vez con más frecuencia, en el discurso político, en boca de periodistas, analistas y, desde luego, en conversaciones entre amigos. Contiene un postulado eficaz, que apela a la indignación legítima que sentimos todos ante el delito y traza una línea moral entre “buenos y malos”. El problema es que el planteamiento es falso y muy peligroso.  ​

Después de los horrores y atrocidades vividos por la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional llegó a una importante conclusión filosófica y jurídica: todas las personas tienen una dignidad inherente a su condición humana.  

El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos postula que: “La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.  

Así concebida, la dignidad humana no es un premio al buen comportamiento, no se gana o se pierde en función de la conducta intachable o reprobable. Es una condición que pertenece al ser, no al hacer. En términos filosóficos, es un atributo ontológico: no depende de circunstancias externas, sino de la naturaleza misma de la persona. 

De ahí se deriva, como consecuencia necesaria, el principio de igualdad. Si todos tenemos una dignidad humana, por la sola condición de ser personas, todos debemos ser tratados con igual consideración y respeto. Negar la igualdad es, en el fondo, negar la dignidad. 

A su vez, esto nos lleva a prohibir cualquier forma de discriminación; entiéndase el trato desigual basado en categorías como raza, género, orientación sexual, condición económica o, precisamente, condición de acusado o condenado.  

La discriminación nos dice, de manera implícita o explícita, que algunas personas “valen menos”, que merecen menos protección, que pueden ser tratadas de manera distinta, incluso como objetos de la venganza social en lugar de como sujetos de derecho. Es, por lo tanto, una forma velada de deshumanización.  

Es aquí donde se revela el error de la frase con que iniciamos. Quien propone priorizar los derechos de unos por encima de los de otros, no está haciendo una especie de elección moral admirable, sino abriendo un peligroso portillo, pues permitir la negación de los derechos de un grupo abre la puerta para negar los de todos. 

Desde un punto de vista político y social, puede ser rentable sostener un discurso de mano dura contra “los delincuentes”, presentado a menudo como un “alto a la alcahuetería”. Se justifica la disminución de las raciones de comida de los presos, porque la cárcel no es un hotel; se les exhibe al público en calzoncillos y sin camisa, porque no son personas sino animales salvajes; se les limitan sus visitas familiares, extendiendo el castigo a terceros; o se dificulta su acceso a la educación o salud. 

Lamentablemente, existe una idea subyacente de que el condenado debe sufrir para pagar su condena. Como si la privación de libertad fuera un castigo banal y menor, por lo que deben sumársele sufrimientos de otro tipo, para que exista un verdadero castigo. 

Sin embargo, la supresión de derechos no hace más segura a la sociedad, la evidencia comparada lo demuestra con claridad. En realidad, solo produce más dolor, más degradación, más reincidencia. El condenado que cumple su pena en condiciones inhumanas, sin posibilidad de rehabilitación y sin respeto a su dignidad, no regresa a la sociedad mejor de lo que entró. Regresa peor.  

Por eso defender sus derechos no es un acto de ingenuidad ni de complicidad con el crimen. Aunque impopular, es en el fondo un acto de coherencia con los principios que nos protegen a todos. Es reconocer que la dignidad humana, para ser real, tiene que ser universal.  

Obviamente, las víctimas merecen justicia pronta y cumplida, atención, reparación y protección. Eso es absolutamente cierto e irrenunciable. Pero para lograrlo no es preciso negarle humanidad a nadie, ni dispensarle malos tratos a los condenados. La justicia no es venganza, y el Estado de derecho no es el Estado del más fuerte.  

Esa distinción no es menor, sino de enormes consecuencias: es la que separa la democracia del autoritarismo. 

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