POR Juan José Herrera | 12 de mayo de 2021, 10:41 AM

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirmó este miércoles que investiga un presunto delito de tráfico de influencias relativo al proceso de vacunación contra el COVID-19 en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La investigación, que se tramita bajo el expediente 21-000089-1218-PE, busca confirmar o descartar supuestas maniobras que diferentes centros médicos del país habrían realizado para adelantar la vacunación de ciertos funcionarios que no estaban dentro de los grupos prioritarios.

La CCSS ya había advertido en un informe de auditoría presentado semanas atrás de falencias en el proceso de vacunación y en los controles internos de este.

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El juzgado penal que analizó el caso consideró que la conducta que el Ministerio Público le atribuye al investigado no configura ningún delito de los estipulados en el Código Penal.

El Ministerio Público aseguró que no revelará el detalle de las personas investigadas pues estas no han sido comunicadas todavía, por lo que tampoco se les ha tomado la declaración indagatoria.

Añadió, además, que el caso se encuentra en una etapa que no es pública, por lo que la apertura de la investigación es la única información que puede confirmarse.

Esta no es el único proceso que mantiene abierta la Fiscalía relativo a la vacunación contra el COVID-19 en la CCSS, pues también investiga un presunto incumplimiento de deberes en un funcionario que habría simulado inyectarle una dosis a un adulto mayor en La Unión de Cartago semanas atrás.

La CCSS, a su vez, mantiene abiertas una serie de procesos administrativos por anomalías vinculadas a esta vacunación en diferentes centros médicos del país.

Se consultó a la institución de salud por una opinión sobre este proceso, sin embargo se está a la espera de una respuesta.